Proyecto legislativo busca fortalecer herramientas contra el narcotráfico en Costa Rica
El proyecto, presentado por el gobierno de Laura Fernández Delgado, busca erradicar las pistas clandestinas de manera más rápida y efectiva.
Las autoridades costarricenses podrían contar con nuevas facultades para desmantelar pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas por organizaciones criminales sin esperar una sentencia penal o civil firme.
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa ha dado su visto bueno unánime al proyecto, que ahora deberá seguir su trámite en el Plenario Legislativo. El documento fue presentado por el gobierno de Laura Fernández Delgado en junio de 2026 como parte de un paquete de propuestas legislativas para combatir la delincuencia organizada.
El objetivo es fortalecer las herramientas contra el narcotráfico y permitir a las autoridades intervenir en instalaciones utilizadas para operaciones ilícitas sin necesidad de esperar una resolución judicial.
El proyecto incluye cambios significativos en la legislación penal, como el aumento de penas para quienes construyan o permitan el funcionamiento de infraestructura aérea clandestina.
Entre las sanciones más graves se encuentran hasta 15 años de prisión para propietarios, arrendatarios o administradores que reconstruyan, rehabiliten o reutilicen pistas clausuradas, inhabilitadas o destruidas por las autoridades.
La ley propuesta por Costa Rica busca erradicar las pistas clandestinas de manera más rápida y efectiva, sin esperar a que se emita una sentencia penal. Para lograrlo, la regulación incluye la creación de un sistema para declarar la ilegalidad o clandestinidad de estas instalaciones mediante una resolución administrativa.
La DGAC será la encargada de emitir esta resolución, después de que los propietarios y administradores tengan oportunidad de presentar pruebas en su defensa. La audiencia para presentar argumentos y ejercer el derecho a la defensa durará 10 días hábiles.
Una vez emitida la resolución, el Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública podrá proceder con la inhabilitación o demolición de las pistas clandestinas. Esto podría hacerse en colaboración con otras instituciones públicas y municipalidades, sin necesidad de esperar a que se resuelva un proceso penal o civil.
La ley también permite al Ministerio Público solicitar la inmovilización registral de propiedades relacionadas con pistas clandestinas. Esto impediría vender, traspasar o hipotecar los inmuebles mientras permanezca vigente la resolución judicial correspondiente.
Los legisladores han incorporado disposiciones para garantizar el debido proceso y proteger los derechos de quienes resulten afectados por la ley. Estas medidas incluyen la notificación adecuada, recursos legales y garantías para presentar pruebas en su defensa.
La iniciativa legislativa incluye la posibilidad de decomiso preventivo de maquinaria y equipos utilizados para construir o operar pistas clandestinas.
Estos bienes podrían ser confiscados definitivamente si se confirman las acusaciones en contra de sus propietarios, según lo establecido por la ley.
Diputados del oficialismo y la oposición han respaldado la iniciativa, aunque algunos legisladores han señalado necesidad de ajustes en el proceso.
El diputado José María Villalta destacó que esta propuesta podría tener un impacto significativo en la capacidad operativa de las estructuras criminales.
Datos basados en información reportada originalmente por Infobae América.
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