El panorama de la seguridad en Sinaloa ha cobrado relevancia tras las recientes declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien anunció que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, ya no cuenta con escoltas del gobierno federal. Este cambio significa que su protección ahora depende exclusivamente de las autoridades estatales.
En una conferencia de prensa ofrecida el 20 de mayo, García Harfuch destacó que Rocha Moya se encuentra en Sinaloa y que su ubicación es pública, un punto que refuerza la transparencia en torno a su seguridad. Aunque el mandatario sigue recibiendo protección, ésta se limita a los recursos del gobierno local, sin la intervención de las fuerzas federales. “No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del Gobierno de México. Tiene policía estatal, hasta donde tenemos entendido”, explicó el funcionario.
Esta reciente posición contrasta con afirmaciones previas de García Harfuch, quien a inicios de mayo dejó claro que Rocha Moya había recibido recomendaciones de seguridad basadas en un análisis de riesgo del Servicio de Protección Federal. Según él, esas medidas no surgieron de amenazas específicas o vínculos con el crimen organizado, sino que forman parte de protocolos preventivos para exfuncionarios en contextos de violencia.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó en su momento la decisión de garantizar seguridad al gobernador con licencia, reiterando que se trata de pasos estándar para proteger a aquellos que podrían enfrentar riesgos.
En un contexto más amplio de seguridad pública, García Harfuch también mencionó que la Operación Enjambre, una iniciativa federal y estatal contra la corrupción y el crimen, ha llevado a la detención de más de 70 servidores públicos. Estas aprehensiones se han centrado en Morelos, donde se han documentado casos de extorsión a comerciantes y familias, revelando la magnitud de las operaciones delictivas en la región.
Recientemente, la Fiscalía General de la República ejecutó órdenes de cateo en múltiples domicilios en Morelos y Querétaro, así como órdenes de aprehensión contra diversos funcionarios, incluidos alcaldes y exediles. Entre los detenidos se encuentran figuras significativas como Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan, y Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla, quien además había sido identificado en investigaciones por extorsión y delitos relacionados con el crimen organizado.
García Harfuch también confirmó que la búsqueda del actual presidente municipal de Cuautla, Jesús “N”, continúa en el marco de este operativo. La Operación Enjambre, que inicialmente fue anunciada en noviembre del año anterior, se mantiene activa en la lucha contra el crimen organizado, destacando la relevancia de estos esfuerzos en el estado de México.
En conclusión, tanto la seguridad del gobernador con licencia de Sinaloa como las operaciones de combate a la corrupción y el crimen organizado son temas candentes que merecen la atención del público. Estos desarrollos reflejan no solo un cambio en la dinámica de la seguridad gubernamental, sino también un esfuerzo mayor por parte de las autoridades para desmantelar redes criminales y proteger a quienes ostentan cargos públicos en un entorno cada vez más complejo.
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