Propuesta de justicia cívica en la Ciudad de México busca soluciones alternativas a los conflictos

La jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, presentó su propuesta para construir un nuevo modelo de justicia cívica en la ciudad que contemple mecanismos alternativos de solución de conflictos sin necesidad de llegar a la vía judicial.

La iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica que Brugada presentó al Congreso el pasado 14 de septiembre busca resolver los caos de robos de bajo valor con reparación del daño o trabajo a favor de la comunidad, en lugar de recurrir a multas y sanciones.

Entre las propuestas destacan la inclusión de juicios orales con audiencias públicas en los juzgados cívicos y la creación de Centros de Gestión de Conflictos Sociales y Comunitarios para abordar los problemas de manera preventiva y restaurativa.

Según Brugada, el nuevo modelo de justicia cívica pone énfasis en la solución y la reparación, en lugar de centrarse exclusivamente en multas y arrestos. El objetivo es impulsar un modelo que atienda a la causa de los conflictos y promueva el diálogo.

La jefa de Gobierno enfatizó que la paz no se reduce solo a la ausencia de violencia, sino también a la presencia de diálogo, justicia, confianza y comunidad.

La iniciativa busca transformar la justicia en la Ciudad de México, pasando de un sistema que solo sanciona a uno que previene, repara y transforma. Para lograr esto, el gobierno local está impulsando una nueva propuesta para resolver conflictos a través de la vía cívica.

La fiscal Bertha Alcalde Luján explicó que la iniciativa contempla atender ciertos daños a bienes muebles e inmuebles con un valor no superior a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Esto equivale aproximadamente a 5,800 pesos. En estos casos, los afectados podrían optar por la reparación del daño o el trabajo comunitario.

El objetivo es procesar algunos casos mediante la vía cívica, siempre que no existan agravantes como el uso de violencia física. De esta manera, se busca resolver hechos ilícitos o delitos menores en los juzgados cívicos, sin necesidad de llegar a la vía judicial.

La propuesta también contempla modificar la Ley de Justicia Cívica para que se puedan atender ciertas conductas en la vía cívica. Esto incluye la sustracción de bienes de escaso valor o violencia verbal familiar, que podrían resolverse directamente en los juzgados cívicos.

La fiscal enfatizó que no se está cerrando la vía penal, sino que se abre una nueva opción para resolver delitos menores a través de la justicia cívica.

La justicia cívica en la Ciudad de México se enfoca en resolver conflictos de manera más rápida y transparente, según explicó la jefa de Gobierno. El nuevo modelo busca ofrecer una alternativa a los procesos judiciales tradicionales, concentrando esfuerzos en delitos graves mientras que las fiscalías pueden abordar casos menores.

Se garantiza la respuesta más rápida posible para resolver conflictos y devolver lo sustraído o reparar el daño causado. Además, se permitirá a las personas involucradas presentar sus argumentos ante los jueces en audiencias públicas con juicios orales.

El modelo de justicia cívica también contempla la creación de Centros de Gestión de Conflictos Sociales y Comunitarios, conocidos como Calpullis de Paz. Estos podrán ubicarse en espacios comunitarios y ofrecerán mecanismos de mediación, conciliación y justicia restaurativa a través del diálogo y con acompañamiento especializado.

Entre las acciones que se contempla se encuentran la creación de Agentes que realizarán tamizajes para identificar factores emocionales, sociales y de riesgos relacionados con los conflictos. Estas personas podrán ser canalizadas a servicios psicológicos, sociales, educativos, laborales o terapéuticos según sea necesario.

El objetivo del nuevo modelo es impulsar audiencias en las que las personas puedan expresar directamente lo ocurrido y presentar sus argumentos ante la autoridad. De esta manera se busca una justicia más cercana a la gente, transparente y rápida en su resolución de conflictos.

Se busca abordar la despresurización de los juzgados mediante mecanismos alternativos para resolver conflictos, como la reparación material o económica del daño causado en robos de hasta $5,800.

El nuevo modelo de justicia cívica contempla la creación de un sistema itinerante que lleve servicios a las colonias donde se concentran los problemas. Además, se asignará presupuesto para fortalecer los espacios físicos de los juzgados cívicos.

La intervención judicial podrá realizarse de tres maneras: mediante la detección anticipada de riesgos en las comunidades, a través de reportes ciudadanos al 911 o cuando se comente una presunta infracción cívica.