En las primeras elecciones democráticas de gobernadores regionales en Chile, celebradas el domingo 13 de junio. Solo participó el 19,6% de los convocados (2,5 de los 13 millones). Fue un mínimo histórico, aunque no sorprendió a los expertos. Desde el plebiscito de 1988 que selló la suerte de la dictadura de Augusto Pinochet, la participación en las elecciones ha decaído sostenidamente.
En 2012, cuando entró en vigencia el voto voluntario, la tendencia ya era evidente; en las elecciones municipales de 2016 apenas participó el 36%, hasta ahora el récord de baja participación. La apatía de la mayoría de los ciudadanos se explica por fenómenos estructurales y coyunturales, como la pandemia. Pero llama la atención en un país que lleva adelante un inédito proceso constituyente empujado justamente por la movilización social, que puso contra las cuerdas a la institucionalidad con las revueltas de octubre de 2019.
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El sociólogo Octavio Avendaño, doctor en Ciencia Política, dice que la sociedad chilena está marcada por el “apoliticismo”. “En 2019 hubo movilizaciones, paralizaciones y huelgas en muchos territorios del país, incluso en lugares recónditos. Pero es errado pensar que involucró a toda la población en su conjunto. Los que se sumaron al proceso de cambio son parte de un segmento minoritario, mientras que el resto no se interesa por nada”, explica el académico de la Universidad de Chile.
Avendaño recuerda que 48 horas antes de las elecciones del domingo. La gente hacía largas filas fuera de los principales centros comerciales de Santiago, para adelantarse al confinamiento que iniciaba ese fin de semana.
El proceso de cambios profundos que lleva adelante Chile se realiza “bajo condiciones de precariedad institucional”, sin partidos ni organizaciones representativas fuertes, como los sindicatos, colegios profesionales y las federaciones estudiantiles. Esto explica, según el académico, lo volátil del escenario político. “Cambia todos los días, semana a semana”, asegura sobre el mapa político chileno.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Ha estudiado los factores que llevan a Chile a estos índices de baja participación ciudadana. Como los problemas de representación, de desconfianza en el sistema y la falta de información. Marcela Ríos, coordinadora del área de gobernabilidad en la oficina de Chile del PNUD, dice que “la activación política que ha provocado el proceso constituyente no necesariamente se traslada a la elección habitual de autoridades”. Entrega un dato. En el plebiscito de octubre de 2020, donde ganó con un 80% la opción de reemplazar la actual Constitución. Aumentó la participación de sectores como los jóvenes 18 a 29, pero, al mismo tiempo, dejaron de participar los mayores de 50 años, que eran los participantes fieles, probablemente por la pandemia.
Ríos apunta a la organización de las elecciones y a los problemas que se deben enfrentar en esta materia. “Nunca antes tuvimos un calendario electoral tan abultado, con tantas elecciones juntas”, explica la socióloga sobre las diez elecciones que se impuso Chile entre mayo pasado y noviembre próximo, cuando se celebren las presidenciales.
Adicionalmente, asegura Ríos, no existen mecanismos que empujen la participación, como el voto anticipado, el sufragio postal y las facilidades para las personas con problemas de movilidad. “El padrón es rígido y los ciudadanos no pueden elegir el lugar de votación. Tenemos un sistema electoral poco amigable que obliga a la gente a trasladarse y a que miembros de una misma familia deben moverse a distintos lugares para poder sufragar, muchas veces lejos de su domicilio”, comenta la experta del PNUD. “Encima, la pandemia no afloja. En varias regiones, incluida la de la capital, poco antes de la elección de gobernadores se hizo un anuncio de nuevas cuarentenas, con sistema hospitalario al borde del colapso”.
Tampoco ayudó a la participación del domingo que se tratara de una elección de gobernadores. Un cargo relevante porque apunta a descentralizar Chile, pero desconocido para una buena parte de la población. “Hubo poca información por parte del Estado y los partidos políticos, preocupados sobre todo por la presidencial, al igual que los medios de comunicación”, comenta Ríos. Y, nuevamente, se repitieron las diferencias de participación entre los ricos y pobres.
En Vitacura
Una zona acomodada de la capital, acudió a las urnas el 52,82% de los convocados. En la popular La Pintana, en cambio, el 16,07%. Lo mismo sucedió entre las regiones. En Antofagasta, en el norte, acudió solo un 12,2% del padrón. En Santiago, en tanto, un 25,70%. Para muchos expertos fue una paradoja grande que una elección de gobernadores que apunta a disminuir el profundo centralismo de Chile, de los 2,5 millones de votantes, 1,5 hayan sido residentes de la capital.
Javier Sajuria, director del centro de estudios Espacio Público, caracteriza a los chilenos que no votan o que dicen en las encuestas que no votan. “Tienden a ser menos politizados, se identifican menos con la izquierda-derecha y los partidos políticos y tienen menor interés y opinión”. Para Sajuria, que entrevistó a candidatos a la convención constitucional, sobre todo de segmentos populares urbanos. “Los postulantes hablaban de segmentos pobres de la población que nunca han votado y cuya relación con la institucionalidad política no existe, por lo que no sienten que haya ni una ganancia ni una pérdida en el proceso”. Apunta a un asunto central: si un ciudadano no está acostumbrado a votar resulta difícil que luego adquiera el hábito.
El editor de la revista académica Politics agrega un elemento clave: el papel de los dirigentes políticos. “Es menos complejo hacer que los que apoyan a tus contrincantes no voten que movilizar a la gente a votar por tu propia opción”, asegura sobre las campañas negativas.
La baja participación electoral de los chilenos
Ha llevado al Parlamento a empujar un proyecto de reposición del voto obligatorio, que ya tiene media sanción en Diputados. Es una medida que, a juicio de los expertos, no basta si no está acompañada de otras iniciativas. “Chile necesita una agenda robusta, amplia y sistemática de fomento a la participación. Se necesita trabajar en la relación entre los ciudadanos y las instituciones y una agenda para facilitar el sufragio”, opina Ríos del PNUD.
Para el sociólogo Avendaño, firme partidario del voto obligatorio, esta medida llega tarde. “Es hoy en día un arma de doble filo, porque no sabemos lo que va a movilizar al 60% o 50%% que no ha votado de manera regular. Sería bueno saberlo, sin duda, pero podrían optar por soluciones de tipo populista o autoritaria”.
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