La jueza Pilar Llop Cuenca, madrileña de 48 años, ha sido diputada autonómica, delegada del Gobierno para la violencia de género, senadora, presidenta del Senado y ahora es ministra de Justicia. Cuenta que su trabajo en los tres poderes del Estado (judicial primero; legislativo, después; y ejecutivo ahora) le ha dado una “visión de 360 grados” para analizar la actualidad. En sus respuestas, prolijas como una sentencia del Supremo, coloca por delante el respeto a los procedimientos, explica cómo vé los hechos y tras varios resultandos y considerandos, dicta veredicto.
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Pregunta. ¿Tiene esperanza de renovar en esta legislatura el Consejo del Poder Judicial?
Respuesta. Nadie podía prever que algún grupo parlamentario pudiera ser desleal con la Constitución y bloquear la renovación. Hay que pedir que se cumpla con la Constitución y que se haga con el sistema vigente, que es válido, constitucional y avalado por una ley orgánica que el propio PP respetó y cumplió cuando gobernó y procedió a nombrar a los vocales en el Parlamento, que es donde corresponde. Este bloqueo genera una imagen muy mala para España, como vimos en el último informe sobre el Estado de derecho que ha hecho el comisario [de Justicia de la UE, Didier] Reynders. Yo me reuní con él nada más llegar al ministerio y lo que dice el comisario es que se proceda ya a la renovación del órgano y posteriormente se abra un debate sobre otros modelos de Consejo del Poder Judicial. Yo ya digo que el Gobierno de España defiende el modelo vigente.
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P. ¿Abrirán un debate una vez que se renueve el actual Poder Judicial?
R. Nunca hay que eludir ningún debate. De los países europeos donde hay consejos similares al nuestro, el modelo español es el que dota de mayor independencia y mayores competencias a ese órgano. Si el poder judicial es considerado un poder del Estado, también es de los ciudadanos, que tienen algo que decir a la hora de decidir quiénes van a ser las personas representadas en el Consejo del Poder Judicial. Este es un órgano que, entre otras cosas, nombra a los magistrados del Supremo.
En el caso de La Manada hubo una desafección absoluta de la ciudadanía hacia una resolución judicial, una ciudadanía que no comprendía que se hubiera hecho una interpretación jurídica que no se correspondía con la realidad y que luego fue restaurada en la interpretación por el Supremo. Por eso es tan importante el Consejo del Poder Judicial, que además decide sobre la responsabilidad disciplinaria de los jueces y las juezas, sobre la formación de los jueces y las juezas, y por supuesto los ciudadanos tienen algo que decir de todo esto. Otra cosa es que el Parlamento decida cambiar el modelo. Eso no puede ser un proyecto de ley que salga del Gobierno, tiene que ser una proposición de ley que salga del Parlamento. La ciudadanía, a través de sus representantes, debe decidir cuál es el modelo que quiere.
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P. ¿Pero aceptan abrir ese debate antes de la renovación?
R. El debate ya está abierto. Otra cosa es si queremos que se haga un debate parlamentario, que creo que sería lo oportuno.
P. Si se renueva el Poder Judicial, ¿le gustaría que fuera elegida una mujer como presidenta de ese órgano y del Supremo?
R. Es evidente que en el Tribunal Supremo hay una infrarrepresentación de las mujeres, cuando además no existe ningún motivo para que las mujeres no estén representadas en un porcentaje que refleje la propia sociedad en que vivimos. Nosotras somos un poco más de la mitad de la población y tenemos que ocupar los espacios públicos y de toma de decisión del modo en el que está representada nuestra sociedad. Es una decisión de pura democracia.
La cuestión que me plantea es una necesidad, yo creo que es una cuestión evidentemente de democracia, el que tengamos ahora o en cualquier otro momento, pero si fuera ahora sería muy oportuno, que de una vez por todas hubiera una mujer que pudiera presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. No se trata de elegir a las mujeres porque son mujeres, sino que se trata de que ante una igualdad de méritos se elija al sexo que esté menos representado, que en este caso sabemos que son las mujeres.
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P. Su antecesor anunció varias veces un acuerdo con el PP para renovar el consejo, pero nunca se hizo realidad. ¿Ha hablado ya con el PP? ¿Puede anunciar algún acuerdo?
R. Soy escrupulosa con la división de poderes. La renovación del consejo no puede ser un acuerdo del Gobierno, ni un acuerdo de partido a partido, es un acuerdo de las fuerzas políticas representadas en el Congreso y en el Senado. Ahora bien, cuantas más vías de diálogo se puedan abrir mucho mejor, siempre que estén destinadas a llegar a un acuerdo. No se pueden poner por delante condicionantes cuando lo que se está haciendo es incumplir la Constitución, pido que se cumpla con la Constitución, que se tenga altura de miras y sentido de Estado. Este bloqueo institucional genera un daño a la imagen de las instituciones que no se debe permitir de ninguna manera. Así que pido que el PP proceda al desbloqueo de esta situación.
P. El Tribunal Constitucional está dictando sentencias muy relevantes cuando un tercio de sus integrantes tiene el mandato caducado desde hace casi dos años. Y con un magistrado menos, que dimitió en octubre pasado y que no ha sido sustituido…
R. Mi respeto absoluto a las resoluciones del Constitucional. Eso es evidente. Pero hay que ser realistas con la situación que tenemos. Hay 12 magistrados y magistradas del Constitucional, ahora mismo hay una vacante y lo que ocurre además es que el voto de calidad del presidente del Constitucional no puede operar. Lo que se está generando es una disfunción en el órgano constitucional, el garante de la Constitución, el garante de los derechos y libertades de los ciudadanos, es imprescindible también la renovación del Tribunal Constitucional.
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P. Usted y el presidente Sánchez sostienen que el decreto de alarma que impuso el confinamiento domiciliario fue conforme a los parámetros constitucionales, a diferencia de lo que entiende el Tribunal Constitucional. ¿Si se repitiera la crisis sanitaria de marzo de 2020, volverían ustedes a optar por el decreto de alarma para confinar a la población?
R. Esperemos que no vuelva a producirse una situación similar. El Constitucional ya se ha pronunciado, pero es evidente que ha sido una sentencia internamente controvertida donde ha habido cinco votos particulares que han optado por que el instrumento jurídico adecuado era el estado de alarma y no el estado de excepción, y aquí repito, con una vacante sin cubrir y donde el voto de calidad del presidente del Constitucional, que entendió que lo que correspondía era el estado de alarma, no ha podido operar. Pero aquí quiero hacer una reflexión sobre las circunstancias en las que se produjo el estado de alarma.
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