Días después de cumplir 65 años, José Guadalupe ha acudido a la sede de la Secretaría del Bienestar en la Ciudad de México, dependencia a cargo de transferir las ayudas económicas del Gobierno federal, para ser beneficiario. “Él prometió una ayuda a los adultos mayores y queremos ver si es cierto”, dice este hombre originario del Estado de México, refiriéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde que empezó la pandemia, José no ha podido encontrar trabajo como constructor, solo de campesino, y le pagan 120 pesos al día con los que no le alcanza para vivir. “Muchas veces prometen y no hay nada, pero ahorita estamos mejor con López Obrador”, dice a través de un cubrebocas azul, “imagínese, si antes había que esperar a cumplir 68, a mí me faltarían tres años”.
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A principios de la pandemia, López Obrador resistió presiones de parte del sector privado y se negó a crear nuevas ayudas enfocadas a los desempleados, argumentando que sus programas sociales serían suficientes. Un año después, la pandemia ha provocado los mayores niveles de pobreza desde 2014: un total de 55,7 millones de pobres, 7% más que en 2018, y la pobreza extrema ha escalado hasta los 10,8 millones, un salto del 24%. El daño a la economía mexicana, con su peor contracción desde 1932, todavía no sana del todo. El producto interno bruto (PIB) sigue por debajo de donde se ubicó en 2019.
El “primero los pobres”, lema favorito del presidente, pierde pie si se miran los datos. A pesar de que tres de cada diez mexicanos reciben transferencias de los programas federales, todo apunta a que estos están fallando. ONG y analistas independientes aseguran que, en comparación con el Gobierno anterior, el gasto social de López Obrador ayuda a menos personas en pobreza, beneficia a más hogares ricos y deja sin protección a quienes perdieron su empleo por la crisis del coronavirus.
Pierden los más pobres
El Gobierno asegura que el 95% de las personas que viven en pobreza extrema reciben, a través de estos programas, ayuda económica. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la semana pasada, sugiere que no es así. Un análisis sobre esos datos hecho por el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig), un centro de investigación independiente, concluye que dentro del 5% más pobre de la población solo el 35% de las familias reciben ayuda. En 2016, seis de cada 10 de estos hogares, casi el doble, obtenían asistencia. Para el 5% más rico de la población, el efecto ha sido el contrario. En 2016, apenas el 7% de los hogares en este grupo recibían ayudas del Gobierno, pero para 2020 el porcentaje subió a 19%.
“No solo nos preocupa que el dato real esté tan lejos de lo que dice el Gobierno”, dice Máximo Jaramillo-Molina, economista y fundador del Indesig. “Nos inquieta además que este dato, en años anteriores, era mucho mayor. Pareciera que, al menos en términos de alcance, con el nuevo diseño de programas sociales, quitamos personas beneficiarias de los hogares más pobres y metimos beneficiarios de los hogares más ricos”, apunta Jaramillo-Molina.
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Si se comparan los montos recibidos por el 10% más pobre y el 10% más rico, el patrón se repite. En 2018, último año del Gobierno de Peña Nieto, los primeros recibieron el 18% del volumen total de apoyos y los segundos, el 4%. En 2020, con López Obrador, el decil más pobre tenía un 10%, ocho puntos menos que dos años atrás, y el más rico, el 8%, un aumento de cuatro puntos.
El error de política social del actual Gobierno empieza, coinciden los analistas, con la eliminación del programa Prospera de la anterior Administración. Prospera combinaba ayudas educativas, de salud y alimenticias para los hogares más pobres. Cuando arrancó en 1997 bajo el nombre de Progresa alcanzaba a 300.000 familias de bajos recursos. Con el tiempo, amplió el abanico de apoyos y creció hasta llegar a siete millones de hogares en 2016.
A la eliminación de Prospera se añade el que muchas de las políticas sociales del Gobierno tengan un carácter universalista -se reparten a toda la población por igual-, sin estar enfocadas a los más desfavorecidos. Ejemplo de ello es la extensión de las pensiones a todos los adultos mayores. “El universalismo de los programas es muy bueno como meta, pero sin que eso signifique quitarle a los hogares más pobres que ya tenían cobertura”, agrega Jaramillo-Molina.
El impacto de la pandemia
La crisis ha dejado 3,8 millones de nuevos pobres, dos de ellos en pobreza extrema, según publicó esta semana el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Detrás de estos números, hay fallos en el diseño de los programas insignia del Ejecutivo, que no estaban enfocados a los más afectados por la pandemia: adultos en edad de trabajar y residentes en ciudades. Jóvenes construyendo el futuro se enfoca en estudiantes y aprendices, y las pensiones a los adultos mayores ya jubilados. “Es una crisis que no se puede atender con esos apoyos porque por definición están diseñados para gente que no está en el mercado laboral y los montos son muy pequeños como para compensar la pérdida de salarios”, dice Vázquez.
Tampoco Sembrando Vida, el programa de apoyo a agricultores, atiende a los más afectados por los confinamientos. “No creemos que vaya a tener un efecto muy grande porque es la pobreza urbana la que va a crecer más”, apunta Vázquez. En México, cerca del 70% de la población vive en ciudades. “El reto es flexibilizar estrategias y no estar casado con los programas prioritarios de promesa electoral del presidente”.
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