Petro sospecha que los cuerpos hallados en las playas de Colombia son de “lancheros bombardeados en el mar Caribe”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha exigido a la Fiscalía investigar con un sentido de urgencia el hallazgo de varios cadáveres que llegaron hasta las playas de La Guajira, en el extremo norte del país. “Al parecer son lancheros bombardeados en el mar Caribe, al parecer ciudadanos de la República Dominicana”, escribió el mandatario este miércoles en un mensaje en su cuenta de X, el canal de comunicación que suele privilegiar, junto al video de uno de esos cuerpos, aparentemente arrastrado por las olas. El reclamo activa una vez más su constante enfrentamiento con el estadounidense Donald Trump, al que no menciona por nombre propio en esta ocasión.

“Es inhumano que mientras los indígenas Wayúus los hayan enterrado, la Fiscalía de Colombia lleve un mes sin hacer la labor de identificación”, advierte en su mensaje el presidente, en referencia a ese pueblo binacional que habita en la desértica península de La Guajira, que comparten Colombia y Venezuela. “Estos son asesinatos. No hay aguas internacionales en el Caribe, todas pertenecen a nuestras naciones caribeñas”, martilla Petro sobre las operaciones militares de Estados Unidos contra embarcaciones supuestamente implicadas en el narcotráfico. El despliegue de la Armada ordenado desde agosto por Trump, en teoría dirigido principalmente contra los carteles venezolanos, ha disparado la tensión en toda la región.

“Nosotros tenemos el mar estratégico del Caribe para detener el narcotráfico, pero también para sufrir la arbitrariedad. Nuestro mar y nuestro pueblo está herido y fluye la sangre en la playas”, ha reclamado el presidente Petro. También le solicitó a la República Dominicana encontrar a sus ciudadanos y sus familias, y ayudar a las autoridades colombianas a identificarlos. “No más sangre en el Caribe. El pueblo caribeño debe reunirse sin temor para acabar la masacre”.

El mandatario denunció a finales de octubre que el segundo ataque de Estados Unidos en el mar Caribe, el 15 de septiembre, fue contra una lancha que había salido de Santa Marta con un pescador colombiano abordo y “presumiblemente” en aguas nacionales. La familia de Alejandro Carranza, el hombre identificado por Petro como uno de los civiles asesinados en ese bombardeo, presentó la semana pasada una denuncia formal contra Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tanto la ONU como organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han catalogado los bombardeos contra las supuestas narcolanchas como “ejecuciones extrajudiciales”. Más de 80 personas han muerto y solo se han identificado a dos supervivientes, un colombiano y un ecuatoriano que navegaban en un presunto narcosubmarino atacado el 18 de octubre. Ambos fueron liberados en sus respectivos países al no probarse delitos en su contra. Además, al menos el primer ataque sobre el océano Pacífico –y no en el Caribe–, el pasado octubre, ocurrió “frente a las costas colombianas”, según informaron en su momento las autoridades estadounidenses.

Petro ha sido desde el primer momento un crítico muy vocal de ese despliegue militar en el Caribe, a pesar de los riesgos de deteriorar aún más sus relaciones con Washington, el principal socio comercial y militar de Bogotá. El colombiano, constantemente enfrentado con Trump, encajó en los últimos meses la temida descertificación de Washington en la lucha antinarcóticos y también perdió su visa después de una arenga durante una protesta a favor de Palestina en las calles de Nueva York, en septiembre, en la que exhortó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes del republicano. Además, ha sido blanco de sanciones del Tesoro estadounidense y el propio Trump lo ha señalado, sin pruebas, de ser un “líder del narcotráfico”.