La reciente denuncia presentada por la bancada del PAN en el Congreso mexicano ha desatado un torbellino de controversia en torno a la diplomacia, el uso de recursos públicos y los privilegios familiares. Marcelo Torres Cofiño, diputado panista, ha llevado este viernes un caso ante la Fiscalía General de la República (FGR), señalando directamente a Marcelo Ebrard Casaubón. Las acusaciones giran en torno al presunto uso indebido de la residencia oficial de la Embajada de México en el Reino Unido durante el mandato de Ebrard como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La denuncia sostiene que Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo del actual secretario de Economía —también incluido en la denuncia—, vivió en la residencia diplomática en Londres durante al menos ocho meses, supuestamente con cargo al erario público. Este hecho ha cobrado relevancia tras las revelaciones de que el joven no ocupaba ningún cargo que justificara su estancia en la sede diplomática.
Además de apuntar a Ebrard, la denuncia se extiende a la exembajadora Josefa González Blanco Ortiz Mena, quien podría enfrentar serias implicaciones legales que incluyen el ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, peculado y uso indebido de atribuciones. En paralelo, el PAN ha presentado una denuncia administrativa ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que abarca conductas que podrían interpretarse como faltas graves, como tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos.
Torres Cofiño enfatizó que el uso de bienes públicos para beneficios personales o familiares es una falta grave y, de confirmarse, debe ser sancionada. Aseguró que su demanda no es un simple ataque político, sino un llamado a la legalidad: “Los recursos del Estado son de las y los mexicanos, no de los funcionarios ni de sus familias”, declaró durante la presentación de la denuncia.
El escrito presentado a la FGR solicita una serie de diligencias, incluyendo la comparecencia de los implicados y el requerimiento de información a la cancillería y a la Embajada en Reino Unido. También se demandan registros administrativos y documentación interna que permita esclarecer el uso de la residencia oficial durante el periodo cuestionado.
La controversia ha cobrado impulso gracias a investigaciones periodísticas que pusieron al descubierto la prolongada estancia de Ebrard Ramos en el inmueble diplomático, haciéndolo el invitado que más tiempo permaneció en la residencia entre 2021 y 2022, cuando su padre estaba al frente de la SRE. Aunado a esto, durante la comparecencia de Ebrard ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, varios legisladores plantearon cuestionamientos sobre este asunto sin recibir respuestas, lo que el panista ha calificado como una falta de respeto al control parlamentario.
El desenlace de este caso está ahora en manos de la Fiscalía y de las autoridades del Gobierno, quienes tienen la responsabilidad de investigar y sancionar cualquier abuso en el ejercicio del servicio público. A medida que se desarrollan los acontecimientos, la presión sobre los involucrados y la expectativa de transparencia aumentan, planteando un importante debate sobre la responsabilidad en el uso de los recursos públicos y la rendición de cuentas.
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