Una de las transformaciones más relevantes en el marco hídrico de México ha sido la modificación en la gestión de concesiones, especialmente en contextos de sobreexplotación. La estrategia ha cambiado de un enfoque preventivo, orientado hacia los derechos de las personas, a un sistema más estructurado y regulado, que se implementa a través de decretos específicos como vedas y zonas de reserva. Esta nueva metodología ahora requiere procedimientos formales, lo que, si bien fortalece la gobernanza jurídica del agua, también limita la capacidad de respuesta del Estado frente a emergencias, como las sequías que han asolado al país en la última década.
En un análisis reciente, se destaca que, pese a que el uso doméstico del agua sigue teniendo prioridad, la reducción de los volúmenes concesionados ahora se canaliza mediante instrumentos regulatorios y evaluaciones técnicas. Esto obedece a las demandas de sectores productivos que han expresado su inquietud por la incertidumbre en el valor de sus propiedades y la disponibilidad de recursos hídricos.
Sin duda, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) enfrenta un nuevo desafío. La reciente reforma limita su margen para realizar redistribuciones rápidas en situaciones críticas, aumentando las preocupaciones sobre una respuesta efectiva ante la sequía. Este cambio de paradigmático se refleja en la reforma a la Ley General de Aguas, que ahora cuenta con 45 artículos, refuerza el derecho humano al agua y prohíbe la interrupción total del suministro doméstico por falta de pago, asegurando un mínimo vital para todos.
Sin embargo, esta medida, que busca reconocer derechos sociales, entraña también riesgos financieros. Se estima que el cobro por derechos de agua representa, en promedio, el 23% de los ingresos a nivel local. A pesar de esto, en 2023, solo el 69% del agua facturada se recaudó a nivel nacional, evidenciando disparidades significativas entre entidades.
A la par de estas reformas, la centralización de la gestión de concesiones se convierte en un tema crucial. Se ha eliminado la posibilidad de transmitir concesiones entre particulares y ha surgido un Registro Nacional del Agua más riguroso con una mayor carga de cumplimiento. Este movimiento recalca la rectoría del Estado en la gestión hídrica, pero también plantea el reto de equilibrar la justicia social con la viabilidad financiera y la resiliencia hídrica.
La nueva regulación busca robustecer la certeza jurídica en el uso del agua, pero sugiere una menor flexibilidad operativa frente a la adversidad de las sequías. Ante esta encrucijada, se hace imperativo diseñar tarifas y subsidios focalizados, así como mecanismos ágiles de reasignación que no lleven a sacrificar la respuesta durante crisis hídricas. Solo el tiempo irá mostrando el verdadero rumbo que tomará la gestión del agua en México.
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