La dictadura de Nicolás Maduro se acreditó el tristísimo mérito de ser el primer régimen latinoamericano en ser juzgado por crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional. La novedad se conoció el miércoles pasado, durante una conferencia de prensa en la que Maduro y el fiscal de ese tribunal, el escocés Karim Khan, anunciaron la firma de un memorando para avanzar en la investigación de privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y desapariciones forzadas que el gobierno venezolano pudiera haber cometido para reprimir y castigar las protestas que se realizaron en su contra en 2017. Khan abrió de este modo una pesquisa formal, es decir, avanzó sobre el estudio preliminar que había hecho su antecesora, Fatou Bensouda. Esto significa que para la fiscalía las acusaciones que habían formulado Canadá, Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Colombia, tienen suficiente verosimilitud.
Khan es un abogado de 51 años con una gran experiencia en procesos de lesa humanidad. Como secretario adjunto de la ONU fue el encargado de indagar en los crímenes de Daesh, en Irak. Además de acusador de criminales, fue abogado de víctimas de atropellos a las garantías elementales. Litigó ante los tribunales penales para Ruanda, la antigua Yugoslavia, Camboya, el Líbano y Sierra Leona. Aún con toda esta experiencia, Khan buscó para Venezuela el auxilio de un experto latinoamericano, Claudio Grossman, el profesor chileno que preside el Comité de Redacción de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, que está elaborando un digesto jurídico internacional.
Khan ha sido muy prudente al caracterizar su tarea. Prometió ajustarse solo a las reglas jurídicas, ignorando las evidentes tensiones de poder que rodean el caso. Sin embargo, el significado político de esta investigación es imposible de disimular.
La consecuencia más evidente es que el chavismo queda expuesto ante un tribunal. Además de recibir denuncias de víctimas, podrá interrogar a los funcionarios, incluido el propio Maduro. Hasta ahora las aberraciones que se imputan al régimen habían sido examinadas en órganos políticos, no judiciales. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, estableció una oficina en Caracas para recibir y analizar denuncias. Además, en septiembre del año pasado, una Misión Internacional Independiente de Reconocimiento de Hechos, también de la ONU, publicó un informe sobre 223 episodios. Ese dictamen estableció que en Venezuela, a partir de 2014, se cometieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, de las que estaban al tanto Maduro; su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; y el ministro del Interior de aquel entonces, Néstor Reverol.
Desde la semana pasada este panorama se volvió más sombrío. La apertura de un proceso en el tribunal de La Haya amenaza la cohesión del aparato de poder que encabeza el dictador. Los señalados por las víctimas intentarán deslindar responsabilidades. Se abre un terreno para las acusaciones cruzadas, las delaciones, la fisura de cualquier complicidad. En consecuencia, el trabajo de Khan corroerá a la tiranía. Con independencia de las intenciones del fiscal, es posible que en Venezuela comience a despejarse una nube espesa.
No es el único inconveniente al que se enfrenta Maduro. El empresario Alex Saab, sospechado de ser su testaferro, fue deportado a los Estados Unidos desde Cabo Verde, adonde había hecho escala en un viaje desde Irán a Venezuela. Saab está ahora sometido a la jurisdicción de los tribunales de Florida, a pesar de que sus abogados exigen que se respete su inmunidad diplomática: alegan que había viajado a Irán en condición de enviado especial del gobierno bolivariano. Mientras tanto, en Estados Unidos siguen esperando que la Audiencia Nacional de España extradite a Hugo Carvajal. Conocido como “el Pollo”, Carvajal fue el jefe del espionaje venezolano bajo Hugo Chávez y bajo Maduro. En Madrid se declaró arrepentido y comenzó filtrar, con cuentagotas, información sobre financiamiento chavista a dirigentes de Podemos y al kirchnerismo argentino. La justicia norteamericana quiere investigarlo por tráfico de armas y de drogas.
El expediente abierto por el fiscal Khan y los casos de Saab y Carvajal, generan una natural inquietud en Maduro: desatan dinámicas que se despliegan en el ritual de tribunales externos, movimientos que él no controla.
La causa iniciada en La Haya tiene otra consecuencia relevante: complica a los gobiernos y partidos solidarios con el chavismo. Para dirigentes como Daniel Ortega puede no ser un contratiempo: él mismo está construyendo una tiranía que se mira en el espejo de la venezolana. Basta observar el simulacro electoral del último domingo, en el que triunfó sobre una oposición con dirigentes encarcelados, partidos intervenidos, y sin posibilidad de hacer campaña. El sandinista Ortega se parece cada vez más a Anastasio Somoza, el autócrata al que contribuyó a derrocar.
En cambio, para otros líderes el juicio de La Haya puede ser mucho más incómodo. Es el caso del presidente de Perú, Pedro Castillo, que en octubre reanudó las relaciones de su país con Venezuela. Evo Morales, que reclamó por sus propias garantías en Bolivia durante la presidencia de Jeanine Áñez, mientras viaja a Buenos Aires en un avión de PDVSA. No hace falta mencionar a las principales figuras de Podemos, en España, cuyas afinidades con los investigados han sido más que obvias.
Las últimas novedades procesales son perturbadoras también para el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, consagrado durante años a atenuar el aislamiento que padecen sus amigos chavistas. Alberto Fernández, quien apenas llegó al poder retiró a la Argentina de la lista de denunciantes en la investigación que acaba de oficializar el fiscal Khan, es otro que está en un contratiempo. En definitiva: esa investigación está destinada a ocasionar una gran incomodidad en las fuerzas de la izquierda populista, sobre todo frente a los rivales de sus respectivos países.
El dilema que enfrenta Maduro es tan claro como dificultoso. Podría desalentar la actividad de la Corte Penal Internacional encarando reformas institucionales que ofrezcan garantías a los que denuncian crímenes de lesa humanidad. Si llegara el día en que queda demostrado que en Venezuela se repuso el Estado de Derecho, bastaría con los tribunales locales para asegurar la Justicia. El camino alternativo es replegarse sobre su propia fortaleza, cada vez más amenazada. Agravar la represión y, de ese modo, aportar más evidencias a sus acusadores. Es una encrucijada difícil. Casi como elegir entre dos formas de suicidio.
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