En un mundo donde las presiones sociales, ambientales y económicas son cada vez más relevantes, los modelos de negocio están experimentando una transformación significativa. Las “empresas con propósito”, que equilibran la rentabilidad con un impacto positivo, emergen como una tendencia que redefine la forma en que se hacen los negocios. Sin embargo, en México aún se enfrentan a un obstáculo crucial: la falta de reconocimiento jurídico.
Lila Gasca, experta en Responsabilidad Social y Pro bono del despacho Hogan Lovells, resalta que estas organizaciones están diseñadas para integrar objetivos sociales y ambientales junto a la generación de utilidades. “No solo buscan maximizar ganancias, sino que colocan un propósito social y ambiental en el núcleo de su modelo de negocio, lo que les confiere una identidad única frente a inversionistas, aliados y consumidores”, menciona Gasca.
Recientemente, un diálogo en el Senado puso de manifiesto la urgencia de actualizar el marco legal mexicano para reconocer estas empresas. Aunque más de 100 de ellas ya operan en informacion.center, lo hacen bajo estructuras tradicionales que limitan su visibilidad y acceso a financiamiento especializado. Este fenómeno no es exclusivo de México; naciones de América Latina, como Colombia y Perú, ya han implementado esquemas legales para este tipo de sociedades, mientras que en Europa y Estados Unidos se han evidenciado sus beneficios económicos.
Las características de estas empresas son distintivas. Deben establecer en sus estatutos un propósito claro y identificar a los beneficiarios de su impacto, lo que también incluye el capital natural. Adicionalmente, los administradores tienen el deber fiduciario de tomar decisiones alineadas con estos objetivos y presentar reportes periódicos sobre su impacto social y ambiental.
Aunque el entorno económico, marcado por la inflación y la incertidumbre global, podría suponer un freno, el interés en este modelo de negocio no parece decrecer. Los fondos de inversión de impacto están en auge, priorizando empresas que midan y gestionen criterios de sostenibilidad.
Un aspecto crucial de esta transformación empresarial es la digitalización, que ofrece oportunidades para la innovación. Sin embargo, los desafíos legales —como la protección de datos y la ciberseguridad— son paralelos a los que enfrentan las empresas tradicionales.
Un riesgo que no se puede pasar por alto es el greenwashing: la práctica de comunicar compromisos ambientales sin un respaldo verificable. Para evitar sanciones reputacionales, la transparencia y la medición del impacto son elementos esenciales.
Mirando hacia el futuro, Gasca subraya la necesidad de impulsar reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles para integrar esta figura jurídica. Vincular estos modelos con políticas públicas, como compras sostenibles e incentivos gubernamentales, se presenta como un camino imprescindible.
Estamos ante un cambio más amplio en la economía; consumidores e inversionistas buscan cada vez más que su dinero genere un impacto positivo. La forma tradicional de hacer negocios se queda corta ante esta nueva realidad. La evolución hacia empresas con propósito podría ser un punto de inflexión en la competitividad empresarial en México, alineando el crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
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