Movimientos bancarios sospechosos en cuentas de Inés Gómez Mont
La Fiscalía General de la República ha llevado a cabo una investigación que revela movimientos bancarios sospechosos en cuentas de Inés Gómez Mont, exconductora de televisión.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha llevado a cabo una investigación que revela movimientos bancarios sospechosos en cuentas de Inés Gómez Mont, exconductora de televisión.
Según los documentos consultados por expertos en finanzas, las transferencias habrían sido realizadas mediante 27 depósitos provenientes de dos empresas, lo que forma parte de una indagatoria por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las empresas involucradas son Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética y Gupea Construcciones, según el desglose publicado. Sin embargo, no se menciona una relación contractual que justifique la cantidad recibida por Gómez Mont.
El expediente investigatorio muestra que dos compañías realizaron 27 movimientos bancarios hacia cuentas de la exconductora, lo que incluye depósitos y transferencias a dos cuentas.
La investigación sobre las transferencias a cuentas de la exconductora Inés Gómez Mont ha revelado una serie de circunstancias que sugieren un posible origen ilícito de los recursos.
Según el expediente consultado por expertos, se detectaron varias irregularidades en los movimientos bancarios, entre ellas la falta de documentación que acreditara una relación comercial entre las empresas involucradas y la exconductora. Esta ausencia de contratos y comprobantes es considerada un indicio importante para determinar el origen de los fondos.
La Fiscalía identificó además que las compañías involucradas en los depósitos tienen relaciones con una presunta estructura de empresas utilizadas para simular actividades comerciales. Esta información sugiere que los movimientos bancarios podrían formar parte de un mecanismo para ocultar el origen y destino de los recursos.
La investigación también señala que las transferencias están relacionadas con una presunta red de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estas conclusiones se basan en la identificación de varios indicadores que apuntan a un posible desvío de fondos y su eventual destino en actividades ilegales.
La investigación sobre Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, tiene sus raíces en una carpeta iniciada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en noviembre de 2019. Esta dependencia es responsable de investigar delitos relacionados con la delincuencia organizada y operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita.
La FGR informó en su comunicado 026/22, publicado el 20 de enero de 2022, que estaba investigando a varias personas y siete empresas por su posible participación en actividades delictivas y operaciones con fondos obtenidos de manera ilegal. La dependencia explicó que el presunto esquema involucraba contratos con la entonces Secretaría de Gobernación relacionados con servicios para centros federales de readaptación social.
La investigación identificó dos contratos que ascendían a 2 mil 950 millones de pesos, que se habrían utilizado para aparentar operaciones comerciales y servicios que no se realizaron. Según los hallazgos, se utilizaron comprobantes fiscales para ocultar el verdadero propósito de estos contratos.
Las órdenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont fueron emitidas por jueces federales mexicanos y corresponden a delitos relacionados con la delincuencia organizada y operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita. La titular de la FGR explicó que estas órdenes estaban vigentes en noviembre de 2026.
La investigación continúa aclarando los detalles sobre el posible desvío de fondos y su eventual destino en actividades ilegales.
La Fiscalía Especializada de Control Competencial solicitó a las autoridades estadounidenses la detención provisional de Inés Gómez Mont con fines de extradición en septiembre de 2025.
Esa petición se sumó a otra orden de aprehensión que ya existía, lo que indica que el caso de Gómez Mont involucra una defraudación fiscal equiparada a la común. Las autoridades estadounidenses ahora deben decidir sobre su situación migratoria y si corresponde su deportación.
Si se determina su regreso a México, las órdenes de aprehensión vigentes serán ejecutadas por la FGR y Gómez Mont comparecerá ante la justicia mexicana para responder a los cargos.
Datos basados en información reportada originalmente por El Imparcial México.
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