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Los glaciares de Argentina han dejado de tener protección automática por ley. Lo mismo ocurre con los ambientes periglaciares, es decir, aquellos suelos congelados de forma permanente en los que se mezcla hielo con roca y sedimentos. La Cámara de Diputados aprobó este jueves por 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones la reforma de la Ley de Glaciares que delega en las provincias la evaluación de los cuerpos de hielo caso por caso. Si consideran que cumplen una “función hídrica efectiva”, se mantendrán protegidos; de lo contrario, podrán autorizar actividades extractivas como proyectos de minería metalífera a cielo abierto para extraer cobre, oro y plata, entre otros.
La modificación de una de las normativas troncales de la legislación ambiental argentina es la primera victoria política del Gobierno de Javier Milei en el último mes, en el que la agenda mediática ha estado dominada por escándalos de corrupción y un creciente malhumor social por la situación económica. Es una victoria aún mayor para las grandes mineras, que intentaron sin éxito impedir la aprobación de la Ley de Glaciares en 2010, pero han conseguido que quede malherida 16 años después.
El inventario de glaciares presentado en 2018 arrojó un total de casi 17.000 cuerpos de hielo que ocupan una superficie total de 8.484 kilómetros cuadrados, un tamaño equivalente a 41 veces la ciudad de Buenos Aires. Los nuevos criterios para definir qué glaciares se mantienen intocables dan acceso a las empresas mineras a áreas de la cordillera de los Andes que hasta ahora les habían estado vedadas. Milei intenta atraerlas, además, con generosos beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios incluidos en el régimen de incentivos para las grandes inversiones.
Rol regulador de los glaciares
La votación se realizó tras una tensa jornada de protestas en las calles. “Venden nuestro futuro”, “El agua vale más que el oro”, podía leerse en las pancartas que advertían contra la entrega a las mineras de las reservas estratégicas de agua dulce que representan los glaciares y de las que dependen ríos, ecosistemas andinos y el abastecimiento de cerca de siete millones de personas.
Los científicos que se han pronunciado contra la reforma de la ley explican que los glaciares tienen un rol regulador: en los años con muchas precipitaciones, la nieve caída hace que los glaciares aumenten sus reservas de agua congelada. Cuando hay sequía, la nieve escasea y los glaciares se achican derritiéndose y entregando más agua a los ríos y los lagos.
Durante el debate parlamentario, los diputados oficialistas consideraron que la reforma es imprescindible para que la minería se desarrolle a la par que en Chile, con quien comparte 5.000 kilómetros de frontera cordillerana y donde generó ingresos por más de 60.000 millones de dólares en exportaciones en 2025, diez veces más que en Argentina.
José Peluc, diputado de la Libertad Avanza, acusó a la oposición de no entender la modificación impulsada por el Gobierno. “Estamos totalmente a favor porque [en la provincia de San Juan] tenemos experiencia minera y de falta de agua”, dijo el legislador.
Los opositores, por el contrario, señalaron que la Ley de Glaciares no fue un obstáculo para que en la última década crecieran las inversiones mineras en Argentina porque conciliaba la defensa del medio ambiente con el desarrollo económico. Advirtieron que la reforma será judicializada y ese proceso generará incertidumbre, el efecto contrario al que busca el Gobierno de Milei. “Puede haber más de una provincia implicada, entonces ¿quién va a decidir ahí?”, cuestionó el diputado Miguel Ángel Pichetto, del bloque Provincias Unidas. “Se abre un escenario de poca previsibilidad. ¿Quién va a venir a invertir si esta ley está cuestionada desde el punto de vista de su constitucionalidad?“, agregó el peronista Agustín Rossi.
Apuntaron, además, que se trata de una propuesta que va a contracorriente de un planeta preocupado por el cambio climático y por el rápido retroceso de los glaciares debido al aumento de temperaturas. “Cuesta entender esta iniciativa en este momento de la historia, cuando las organizaciones internacionales alertan de la escasez en un futuro cercano de este recurso fundamental, el agua, y hablan de la bancarrota hídrica en el mundo”, dijo la diputada Natalia de la Sota, de Provincias Unidas.
Adorni, blanco de críticas
La oposición fracasó en su intento de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la compra de propiedades y viajes de lujo que no serían consistentes con su nivel de ingresos. Sin embargo, el escándalo sobrevoló toda la sesión, con innumerables alusiones. “Los argumentos científicos son más truchos [falsos] que las hipotecas de Adorni y la criptomoneda de Milei”, dijo el peronista Juan Grabois, uno de los que arremetieron contra el portavoz de Milei, hoy enmudecido. “
La sociedad civil intentó protestar con una respuesta masiva a la audiencia pública convocada a finales de marzo. Se anotaron más de 100.000 personas, una cifra récord. De haber concedido cinco minutos cada una, hubiesen necesitado más de 340 días ininterrumpidos para escucharlas a todas. Ante la petición de la Cámara de Diputados que mandaran sus argumentos por escrito o en vídeo, los opositores convocaron a quien quisiera a exponer sus argumentos a las puertas del Congreso.
En la madrugada previa a la votación, Greenpeace colgó dos carteles en el monumento a los Dos Congresos, en la plaza frente al edificio legislativo. “Diputados: no traicionen a los argentinos” y “La Ley de Glaciares no se toca”, podía leerse en ellos. También se entregó una petición con más de 67.000 firmas contra la modificación y hubo protestas en las calles, pero ninguna de estas manifestaciones logró torcer el resultado de una votación que estaba decidida de antemano.
La directora del Círculo de políticas ambientales, Consuelo Bilbao, una de las organizaciones que protestaron contra la ley, consideró que se trata de una “reforma que viola la Constitución, es regresiva y destruye el piso común de protección que debe garantizar la Nación, dejándolo a la discrecionalidad política de cada provincia”. Su tratamiento exprés es otro de los puntos más criticados por los detractores de la nueva ley. “Un procedimiento legislativo sin evidencia científica, sin transparencia y sin participación jamás puede fortalecer la seguridad hídrica ni jurídica”, agregó Bilbao.
La cúpula del Gobierno argentino seguía el debate para celebrar, tras la votación, su primer triunfo legislativo del año. La oposición, en cambio, se aprestaba a llevar esta reforma que divide opiniones ante la Justicia.
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