Uno de los problemas más críticos que enfrenta Michoacán es su creciente deuda pública. En un impresionante aumento del 640% en los últimos 25 años, este fenómeno ha comprometido severamente los ingresos futuros del estado y ha limitado la capacidad para realizar inversiones en infraestructura y servicios esenciales.
En diciembre de 2025, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó una iniciativa de reforma constitucional al Congreso local. Esta propuesta busca evitar que el gobierno estatal contraiga deudas que excedan el periodo para el cual fue electo, poniendo fin a la práctica de heredar pasivos a futuras administraciones. La reforma, que busca añadir dos párrafos a la fracción XII del artículo 44 de la Constitución local, fue aprobada por los legisladores michoacanos, quienes vieron la necesidad urgente de abordar las malas prácticas administrativas heredadas de gobiernos anteriores.
Con la entrada en vigor de esta reforma, se establece que cualquier financiamiento estatal debe ser responsable en términos de hacienda, sostenible financieramente y transparente, limitando el compromiso de recursos más allá del actual sexenio. Sin embargo, es importante señalar que esta reforma no se aplica a los 113 municipios del estado, que preservarán su autonomía financiera.
Desde 2021, el gobierno de Ramírez Bedolla ha logrado invertir más de 40 mil millones de pesos en proyectos de infraestructura sin recurrir a nuevos créditos. Entre las obras sobresalientes se encuentran los teleféricos en Morelia y Uruapan, la construcción de puentes y distribuidores viales, un nuevo mercado en Pátzcuaro, así como un segundo anillo periférico para la capital del estado. Estas iniciativas forman parte de un enfoque que pone énfasis en la disciplina financiera y la eficiencia en la administración pública.
Además, el estado ha duplicado sus ingresos propios sin aumentar impuestos, pasando de representar el 4.8% del total en 2021 a un notable 8.6% en 2025. Este crecimiento refleja una mayor eficiencia recaudatoria y un control riguroso del gasto, lo que contrasta con el panorama de endeudamiento de varias entidades federativas.
De acuerdo con un informe de la Secretaría de Hacienda, la deuda pública subnacional asciende a 692 mil 584 millones de pesos hasta el tercer trimestre de 2025. De esta cifra, más del 50% se concentra en cinco estados: Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua y Veracruz. Michoacán, con 22 mil 256 millones de pesos, ocupa el décimo lugar a nivel nacional en cuanto a deuda.
En medio de un contexto financiero desafiante, las medidas adoptadas por Michoacán bajo la administración de Ramírez Bedolla no solo buscan frenar el endeudamiento, sino también asegurar que las futuras generaciones no sean las que carguen con las decisiones económicas irresponsables del pasado. Con un enfoque renovado en la sostenibilidad y la transparencia, el estado está tomando pasos decisivos hacia una gestión fiscal más responsable.
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