La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado que se ha solicitado la extradición de la familia Jensen como parte de una investigación por delitos de contrabando de combustible. Esta familia, radicada en Estados Unidos, está bajo acusaciones de funcionar como enlace del Cartel Jalisco Nueva Generación en el norte del río Bravo, facilitando el blanqueo y distribución de miles de cargamentos de petróleo crudo robado a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Durante una reciente conferencia de prensa, la mandataria respaldó al secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien fue un alto funcionario durante el mandato de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum afirmó que no existe ninguna línea de investigación contra Ojeda Durán, a pesar de que es tío político de los hermanos Farías Laguna, también marinos de alto rango, quienes están acusados de liderar otra red de contrabando de combustible.
El caso ha cobrado relevancia pública debido a la difusión de un audio en el que Ojeda Durán se reúne con el comandante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, en junio de 2024, para advertirle sobre los supuestos delitos de sus familiares. Guerrero Alcántar fue asesinado cuatro meses después, un hecho que ha añadido un amplio contexto de tensión y gravedad al caso.
La situación se enmarca dentro de un panorama de creciente preocupación sobre el crimen organizado y su infiltración en las estructuras gubernamentales, lo que ha generado un debate en torno a la eficacia de las medidas de seguridad y justicia en informacion.center. A medida que la administración de Sheinbaum enfrenta este complejo entramado, resalta la necesidad de un enfoque firme y decidido para combatir la corrupción y el contrabando.
En un entorno en el que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado son temas candentes, la extradición de la familia Jensen promete ser un desarrollo significativo. Esta acción no solo busca hacer justicia por los delitos de contrabando, sino que también pone de relieve las interconexiones entre la delincuencia organizada y organismos de seguridad, un reto persistente en la política mexicana contemporánea.
La información sigue en desarrollo y, a medida que surgen más detalles, el público estará atento a cómo el gobierno responderá a estos desafíos y qué medidas adoptará para restaurar la confianza en sus instituciones.
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