El gobierno mexicano ha tomado un giro significativo hacia la utilización del fracking, una técnica controvertida de extracción de gas que había sido vetada en años anteriores. En un contexto donde la dependencia energética de México respecto a Estados Unidos ha alcanzado niveles preocupantes, esta decisión se enmarca en un esfuerzo por alcanzar la autosuficiencia energética.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reveló recientemente que se están evaluando métodos para implementar el fracking de tal forma que minimicen su impacto ambiental. En su conferencia diaria, afirmó que un grupo de expertos está trabajando en la viabilidad del gas no convencional, con un enfoque en el reciclaje de agua y el uso de químicos menos dañinos. Este grupo incluye técnicos, ambientalistas y académicos que buscan un equilibrio entre la extracción energética y el cuidado del medio ambiente, un desafío que refleja las tensiones inherentes del sector energético mexicano.
El Ministerio de Energía, dirigido por Luz Elena González, ya ha informado al sector empresarial sobre los planes de inversiones mixtas para la extracción de gas en yacimientos no convencionales, lo que fue recibido con interés por parte de diversas organizaciones de la iniciativa privada. Aunque la palabra “fracking” podría no haber sido mencionada explícitamente en las reuniones, el interés por el tema es palpable entre los inversionistas.
El cambio de postura es notable, dado que Sheinbaum y su administración habían mantenido un discurso firme en contra del fracking, alineándose con los principios ambientalistas de su partido. Sin embargo, el deterioro en la producción de gas de Petróleos Mexicanos (Pemex), combinado con una creciente demanda industrial y la necesidad de combustibles de respaldo para proyectos de transición energética, han creado presión para reconsiderar esta postura.
Uno de los argumentos presentados por la presidenta implica una contradicción que no se puede ignorar: el gas que México importa de Texas proviene mayoritariamente de fracking. Este hecho destaca la hipocresía de rechazar una técnica en casa mientras se depende de ella desde el extranjero. Actualmente, México importa entre el 70% y el 80% del gas natural que consume, un punto crítico que ha sido subrayado tras los apagones provocados por una tormenta invernal en 2021.
El gobierno está buscando estrategias y legitimidad técnica para avanzar en el fracking de una manera más aceptable. La creación de un grupo de expertos es una forma de ganar tiempo y explorar diferentes enfoques que puedan mitigar los posibles costos sociales y políticos de esta decisión. Sin embargo, la comunidad ambientalista se mantiene alerta: el fracking conlleva riesgos bien documentados, como la contaminación del agua, emisiones de metano y sismos inducidos, preocupaciones que se amplifican en regiones del norte de México, donde se encuentran los yacimientos potenciales.
Con este cambio de dirección, el gobierno mexicano deberá navegar una compleja red de intereses económicos, ambientales y sociales. El futuro del fracking en México es incierto y requiere una cuidadosa consideración para evitar conflictos que podrían surgir en su implementación. Los próximos meses serán cruciales para definir si este nuevo enfoque logrará equilibrar la necesidad de energía del país con el compromiso hacia la sostenibilidad.
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