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Tras tres años consecutivos de negociaciones climáticas organizadas por regímenes autoritarios, el regreso de la cumbre de cambio climático a una democracia no podría llegar en un momento más decisivo. Cuando los líderes mundiales se reúnan en Belém para la COP30 a partir de esta semana, lo hacen en un país que ha desafiado tanto el autoritarismo como el colapso ambiental, un recordatorio de que la democracia triunfa donde el despotismo destruye.
Hace apenas unos años, Brasil estuvo al borde del abismo. Bajo el mandato del populista de extrema derecha Jair Bolsonaro, la Amazonia ardía a un ritmo sin precedentes mientras las instituciones democráticas se tambaleaban ante ataques incansables. Bolsonaro desmanteló las agencias ambientales, recortó el presupuesto de los programas de control ambiental y ridiculizó la ciencia climática. Para 2021, la deforestación en la Amazonia había alcanzado su nivel anual más alto en una década, y el mundo temía que la selva tropical pudiera cruzar un punto de inflexión irreversible.
Entonces, los brasileños votaron por un futuro diferente. El presidente Lula da Silva regresó al poder con la promesa de preservar tanto el medio ambiente como la democracia. En menos de un año, la deforestación en la Amazonía disminuyó drásticamente gracias a la restauración de los programas y las regulaciones de control ambientales. Posteriormente, el Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó a Bolsonaro por conspirar para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022, un recordatorio contundente de que la integridad climática y la integridad democrática, en efecto, se alimentan mutuamente.
Ahora, como sede de la COP30, Brasil está dando el ejemplo. El Gobierno de Lula da Silva ha enfocado la presidencia de las negociaciones en tres prioridades que encarnan valores progresistas: fortalecer la cooperación multilateral; vincular los objetivos climáticos con las transiciones sociales y económicas; y acelerar la implementación del Acuerdo de París. Estos no son simplemente argumentos diplomáticos, sino una muestra de que las democracias aún pueden lograr y liderar la transición ambiental.
Los líderes progresistas que lleguen a Belém lo harán bajo la sombra de un peligroso panorama global. En todo el mundo, autócratas y populistas de extrema derecha están librando un ataque coordinado contra la ambición climática y las normas democráticas, explotando inquietudes económicas legítimas y utilizándolas en contra de la acción climática. Presentan la política climática como un proyecto elitista que destruye empleos, aumenta los precios y debilita la soberanía nacional. Al mismo tiempo, defienden el status quo de los combustibles fósiles que beneficia a solo algunos y perjudica a muchos. El objetivo no es solo impedir la política climática, sino erosionar la fe en la democracia misma.
Desde Washington D.C. hasta Buenos Aires y Budapest, esta se ha convertido en la narrativa dominante. En Estados Unidos, Trump ha desmantelado iniciativas climáticas claves mientras promete extraer petróleo sin parar usando su famosa frase “drill, baby, drill” (perfora, nena, perfora). En Europa, los partidos de extrema derecha están ganando terreno con la promesa de derogar las normas ambientales, alegando que con esto protegen a la gente común de las regulaciones climáticas.
Incluso líderes que conocen a fondo el problema de la crisis climática y deberían alzar su voz están suavizando sus agendas climáticas, temerosos de perder el voto de la clase trabajadora ante una reacción populista.
El resultado es una carrera al fondo que pone en riesgo los frágiles avances logrados gracias al Acuerdo de París. El mensaje de la extrema derecha es engañosamente simple: la política climática es demasiado costosa. Pero eso es falso. La energía limpia es ahora la más barata de la historia. Las energías renovables protegen a los hogares de las fluctuaciones del precio de los combustibles fósiles. Diversificar las fuentes de energía puede mejorar la fiabilidad de la red eléctrica y ayudar a los consumidores a ahorrar dinero durante los periodos de calor y frío extremos. Y cada retraso en la transición energética agrava la inflación y la inestabilidad, en lugar de mejorarlas.
La buena noticia es que la gente aún cree en el progreso. Según encuestas realizadas por Global Progress Action y Datapraxis, existe una fuerte demanda por un liderazgo audaz y arriesgado que pueda generar un cambio real en sus vidas. Además, la gente sigue creyendo en la democracia y rechaza la política autoritaria y sin rendición de cuentas. Las personas quieren políticas que reduzcan el costo de sus facturas, protejan sus empleos y fortalezcan sus comunidades; y la acción climática puede lograr todo esto, además de garantizar un futuro para las próximas generaciones. Este es un mandato progresista que no debemos ignorar.
La COP30 ofrece a los líderes progresistas la oportunidad de demostrar que la acción climática impulsa el crecimiento y la prosperidad en las sociedades democráticas, en lugar de frenarlos. Las pruebas lo avalan. En España, los precios de la electricidad han disminuido un 50% desde 2018 gracias al auge de la energía solar y eólica. A nivel mundial, el empleo en energías limpias creció un 3.8% en 2023, superando con creces al resto de la economía. Los sistemas de energía renovable fortalecen la resiliencia de las comunidades ante el calor extremo, las tormentas y las crisis geopolíticas.
Tal como afirmó el presidente Pedro Sánchez en la cumbre Global Progress Action Summit de 2025, los progresistas deben combatir los discursos de la extrema derecha con hechos, pero también con una visión que demuestre que un futuro más asequible y seguro solamente es posible a través de la acción climática, y no sin ella. En Belém, los progresistas deben dejar claro que el liderazgo climático es una fortaleza nacional que da resultados: energía más económica, más empleos y comunidades más seguras, al mismo tiempo que defiende los valores que más temen los autócratas: la transparencia, la rendición de cuentas y la solidaridad.
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