El 12 de febrero, Hugo Torres, exguerrillero y crítico del presidente Daniel Ortega, murió en la cárcel en Nicaragua, a los 73 años. Torres estaba detenido al parecer en condiciones inhumanas, incluyendo una situación prolongada de incomunicación, interrogatorios frecuentes y no le permitían salir al aire libre. Torres fue el primer crítico del Gobierno detenido en Nicaragua durante 2021 que murió en la cárcel, pero ciertamente no es el único que enfrenta condiciones de salud preocupantes.
Según organizaciones locales de derechos humanos, 170 personas percibidas como críticas del Gobierno continúan detenidas en Nicaragua. Esto incluye a más de 40 críticos y líderes de la oposición que fueron apresados en el contexto de las elecciones presidenciales de noviembre de 2021 para facilitar la reelección de Daniel Ortega para un cuarto mandato. Algunas mujeres detenidas han estado en confinamiento solitario prolongado, lo cual constituye tortura. Otros detenidos han estado incomunicados durante semanas o meses sin recibir alimentación suficiente.
Tras el fallecimiento de Torres, el Ministerio Público de Nicaragua ordenó el traslado a detención domiciliaria de algunos críticos debido a “razones humanitarias” y su “estado de salud”, sobre el cual no se dieron precisiones. Pero varios críticos que presentan condiciones médicas graves continúan tras las rejas. La mayoría están siendo juzgados por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, un delito excesivamente amplio que a menudo ha sido utilizado para criminalizar la libertad de expresión.
Entrevistamos a diversas fuentes que nos describieron la falta de atención médica adecuada y oportuna, y las duras condiciones de detención que agravaron las condiciones de salud preexistentes de varios detenidos. Los relatos de este artículo se basan en esas entrevistas y, en los casos en que resultó posible, en evidencias que corroboran los testimonios, tales como documentos médicos y expedientes judiciales.
Juan Lorenzo Holmann, gerente general del periódico independiente La Prensa, de 56 años, sufre una afección cardíaca grave. Meses antes de su detención, que ocurrió en agosto de 2021, Holmann se sometió a una cirugía. Pero, luego de su detención, no pudo realizarse los controles médicos de seguimiento que tenía previsto. Los guardias de la cárcel le han suministrado algunos medicamentos, pero sin ninguna etiqueta que permitiera identificarlos. En septiembre, Holmann se desvaneció en el patio de la cárcel, al que solo se le permite acceder esporádicamente. Para ese entonces, se encontraba recluido en una celda pequeña donde las luces permanecían encendidas las 24 horas del día.
Nidia Barbosa, de 66 años, integrante de la organización opositora Alianza por la Justicia y la Democracia, también sufre de una afección cardíaca. Fue detenida en noviembre de 2021 en el municipio de Masaya. Entre noviembre y diciembre, fue trasladada a un hospital en tres oportunidades debido a baja presión arterial, al parecer ocasionada por su condición de salud. En una de esas ocasiones, el médico que la examinó habría dicho que “si la hubieran llevado al hospital cinco minutos más tarde, habría muerto”. En ese momento, estaba detenida en una comisaría, era sometida a interrogatorios constantes y no se le permitía acceder a espacios al aire libre.
Eliseo Castro, activista de 59 años, está detenido desde septiembre de 2019. Sufre de hipertensión crónica y ha tenido dolores de cabeza sumamente intensos durante su detención. En la cárcel le suministraron analgésicos, pero no fue examinado por un especialista. En septiembre de 2021, después de haber solicitado reiteradamente que le brindaran atención debido a su jaqueca, sufrió un derrame cerebral y fue llevado a un hospital. Desde ese momento, no pudo volver a hablar ni a caminar.
Roger Reyes, un abogado de 37 años, se encuentra detenido en El Chipote desde agosto de 2021. Desde su detención, Reyes ha perdido progresivamente la memoria. A los pocos meses de estar en prisión, Reyes manifestó que no recordaba a una de sus dos hijas. Al parecer atraviesa una depresión y habría dejado de hablar con otros detenidos. Pese a que su abogada solicitó que le permitieran recibir atención psicológica, Reyes no ha sido atendido por un terapeuta hasta la fecha. Ha permanecido en una celda minúscula y sin ventanas, y ha sido sometido a interrogatorios diarios; a veces, en medio de la noche.
Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, las autoridades de Nicaragua tienen la obligación de brindar a las personas detenidas atención médica adecuada y controles regulares de su salud. Esto incluye el acceso a medicamentos para enfermedades crónicas como cardiopatías e hipertensión, que afectan de manera desproporcionada a las personas de mayor edad.
Lamentablemente, solo una presión internacional firme y sostenida en el tiempo forzará al Gobierno de Ortega a adoptar medidas para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. Por ello, los Miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúnen en Ginebra este mes, deben tomar acciones decisivas para proteger a las personas que se encuentran privadas arbitrariamente de la libertad en Nicaragua.
Al inicio del período de sesiones, el 7 de marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, identificó un “patrón de graves violaciones de derechos civiles y políticos” en Nicaragua que suprimió las voces disidentes en el marco del proceso electoral de noviembre de 2021. Bachelet señaló que el Consejo debía adoptar “nuevas medidas para fortalecer la rendición de cuentas”.
El Consejo de Derechos Humanos debería crear un mecanismo internacional de investigación para reunir y preservar pruebas de violaciones de derechos humanos en Nicaragua, incluyendo actos de tortura y malos tratos contra los detenidos. Los tribunales nicaragüenses carecen de independencia, y sin presión internacional, hay pocas o nulas posibilidades de justicia para estas y otras víctimas dentro del país.
El Consejo también debe ejercer presión sobre el Gobierno de Nicaragua para que libere a todas las personas que hayan sido detenidas de manera arbitraria, comenzando por quienes padecen de problemas de salud graves. Ninguna de estas personas debería haber pasado ni un día en la cárcel. Para algunos, las peligrosas condiciones carcelarias podrían convertirse en una sentencia de muerte.
Los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU deben actuar de manera urgente para que nadie más muera en la cárcel como Hugo Torres.
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