Liquidaciones millonarias a exconsejeros del INE generan controversia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha calificado como inmorales las liquidaciones millonarias que recibieron exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) al concluir sus encargos.

Aunque estos pagos pueden estar apegados a la ley, resultan cuestionables por los altos montos entregados. De hecho, Sheinbaum señaló que algunos de estos consejeros percibían salarios superiores a los del titular del Ejecutivo federal durante su gestión.

Sheinbaum cuestionó el retiro de 11 millones de pesos y 13 millones de pesos de liquidación que recibieron algunos exconsejeros, preguntando: "Y también que puede ser legal, pero también es inmoral".

La Presidenta del INE destacó que algunos exconsejeros recibieron liquidaciones millonarias, lo que generó una gran controversia en torno a la forma en que se gestionaron los recursos públicos.

Se calcula que estos funcionarios ganaban dos millones de pesos al mes antes de descuentos e impuestos y luego se les pagaba otros 11 millones, según las declaraciones de Sheinbaum. Esta cifra ha generado gran debate sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) está investigando presuntas irregularidades en la contratación de empresas que producían materiales y servicios relacionados con los procesos electorales. A lo largo de varios años, existió un monopolio de proveedores dentro del INE y otros organismos estatales.

Según Sheinbaum, estas prácticas se mantuvieron desde 2014 hasta 2025 sin que las distintas administraciones hicieran nada para desarticular la red de empresas que concentraban las contrataciones y operaban como intermediarias.

Las investigaciones sobre la liquidación millonaria de exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) deben avanzar con urgencia, según la mandataria federal, quien pidió que se intervenga si es necesario para desentrañar los detalles de estas prácticas.

Se han presentado varias denuncias penales relacionadas con las contrataciones y operaciones de empresas que concentraban las adjudicaciones, lo cual ha sido señalado como una red de intermedios que funcionó desde 2014 hasta 2025 sin ser desmantelada por ninguna administración.