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Política

La Suprema Corte debate sobre almacenamiento de información potencialmente reveladora

El tribunal se dividido entre quienes priorizan la seguridad estatal y quienes defienden la privacidad individual, María Estela Ríos, Hugo Aguilar, Arístides Guerrero.

La Corte dividida entre la privacidad y el poder
Fuente: Expansión Política

La sesión de la Suprema Corte del 17 de noviembre fue un momento inusual en el recinto judicial. La ministra María Estela Ríos se sintió insultada por sus compañeros cuando intentaron cambiar su propuesta original.

El presidente Hugo Aguilar argumentó que la decisión final debía reflejar el criterio de la mayoría, lo cual generó tensiones entre los miembros del tribunal. El amparo en revisión 193/2026 fue el tema central de la discusión, relacionado con la constitucionalidad del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La ministra Ríos se opuso a las propuestas de modificación, ya que consideraba que afectaban su derecho a presentar un proyecto integral. El presidente Aguilar señaló que el objetivo era equilibrar los derechos a la privacidad con las necesidades de seguridad pública.

La debate giró en torno a si almacenar información potencialmente reveladora es lo mismo que grabar conversaciones en vivo. La ministra ponente propuso negar el amparo, argumentando que existen restricciones a los derechos a la privacidad y protección de datos personales cuando se trata de seguridad pública.

El tribunal debatió intensamente sobre la interpretación del artículo 183 y sus implicaciones en la protección de datos personales. La decisión final tendría un impacto significativo en la regulación de la información en México.

La decisión de la Corte dividió a los integrantes en dos facciones bien definidas: aquellos que priorizan la seguridad y el poder del Estado y quienes defienden la privacidad individual.

Seis votos se inclinaron por la conservación de registros, mientras que otros apartados obtuvieron mayorías más amplias, como siete u ocho integrantes. Arístides Guerrero abogó por explorar alternativas menos intrusivas a la conservación generalizada de información, cuestión fundamental para evitar transgresiones a los derechos individuales.

La Corte debería considerar que el simple hecho de perseguir una finalidad legítima no garantiza automáticamente que la medida sea constitucional. El Estado puede adoptar medidas para combatir delitos y proteger la seguridad pública, pero debe demostrar que los instrumentos utilizados son efectivos, necesarios y proporcionales a los fines perseguidos.

La Corte Suprema enfrenta un dilema al equilibrar la privacidad y el poder en sus decisiones.

La ministra Ríos González se mostró inflexible ante las críticas de adoptar una metodología interpretativa que consideraba innecesaria, insistiendo en su independencia y respeto a la institución. La Suprema Corte no es un órgano solitario, sino colegiado, donde cada sentencia debe ser aprobada por el cuerpo completo. El problema surge cuando existe consenso para tomar una decisión, pero no necesariamente coincidencia en las razones que sustentan la misma.

La reciente emisión del Acuerdo General 6/2025 busca regular la elaboración de engroses cuando los proyectos son aprobados con modificaciones. En el amparo 193/2026 varios ministros expresaron votos concurrentes, reservas y desacuerdos con ciertas consideraciones. Aunque esto podría sugerir una falta de armonía en la deliberación, no implica que se hayan violado las reglas establecidas para el proceso de toma de decisiones.

La Corte constitucional debe producir decisiones coherentes y motivadas que orienten a los tribunales, pero la sesión reciente dejó dos desafíos para la nueva Suprema Corte.

El verdadero escándalo no es que una ministra discutiera con el presidente de la Corte, sino lo preocupante que se convierte en una práctica habitual y que puede afectar la toma de decisiones.

Datos basados en información reportada originalmente por Expansión Política.

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