Ministro se enfrenta a sus compañeros sobre proyecto de regulación de datos de comunicaciones telefónicas
Durante una sesión pública de la Suprema Corte, María Estela Ríos González solicitó respeto por su criterio y expresó desacuerdo con los cambios que algunos ministros querían introducir en su proyecto.

Durante una sesión pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), María Estela Ríos González se enfrentó a sus compañeros sobre un proyecto que ella había presentado para regular la conservación de datos de comunicaciones telefónicas y el acceso de las autoridades a esa información.
La ministra solicitó respeto por su criterio, expresando su desacuerdo con los cambios que algunos ministros querían introducir en su proyecto. Los compañeros de Ríos González insistieron en modificar la metodología, lo que generó un debate acalorado durante la sesión del 17 de noviembre de 2026.
El Pleno estaba analizando el amparo en revisión 193/2026, y la mayoría de los ministros coincidía con negar el amparo, pero querían hacer algunos ajustes para clarificar el criterio jurídico. Los cambios propuestos buscaban construir una decisión respaldada por la mayoría.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz intervino para explicar que las observaciones no representaban un desacato hacia Ríos González, sino que se trataba de mejorar la resolución. Sin embargo, el desacuerdo continuó, ya que algunos ministros consideraban que los cambios eran necesarios.
Los ministros Giovanni Figueroa, Yasmín Esquivel, Arístides Guerrero y Sara Irene Herrerías propusieron cambios a distintos apartados del proyecto de Ríos González, lo que generó una tensión en la sala durante la sesión pública.
La ministra María Estela Ríos se sintió presionada por sus compañeros al desarrollar su argumentación jurídica en un proyecto sobre vigilancia e intervención de comunicaciones.
Algunos ministros coincidían con la conclusión de negar el amparo, pero discrepaban con la manera en que la ministra había estructurado su razonamiento legal.
Ríos se sintió obligada a incorporar ideas que no eran propias de su interpretación del asunto, lo cual consideró una imposición injustificada.
En lugar de aceptar las modificaciones, la ministra sugirió que si la mayoría no estaba de acuerdo con su proyecto, podían votar en contra y enviar el expediente a otro integrante de la Corte para que elaborara un nuevo propuesta.
La insistencia de sus compañeros en modificar algunos párrafos del proyecto generó una tensión en la sala, lo que llevó a Ríos a expresar su inconformidad.
La insistencia de sus compañeros en modificar algunos párrafos del proyecto generó una tensión en la sala, lo que llevó a Ríos a expresar su inconformidad.
Ríos González argumentó que los cambios propuestos no alteraban el sentido fundamental de la resolución, ya que era posible llegar a la misma conclusión utilizando diferentes métodos de interpretación. Si la mayoría decide así, está bien, pero no me parece relevante que quieran obligarme a hacerlo, sostuvo.
La ministra también recordó que no era la primera vez que se utilizaba ese argumento para cuestionar sus posiciones dentro del Pleno. Según ella, el uso de métodos diferentes no cambiaba la conclusión final.
Aguilar Ortiz volvió a intervenir para aclara que no se pretendía imponer una decisión personal, sino alcanzar una resolución con el respaldo mayoritario. El objetivo era llegar a un acuerdo en el que todos estuvieran de acuerdo.
La ministra Ríos González finalmente aceptó incorporar los cambios propuestos y el asunto pudo resolverse.
En la sesión de la Suprema Corte, María Estela Ríos González enfrentó presiones para revisar su proyecto sobre vigilancia e intervención de comunicaciones, pero se mantuvo firme en sus decisiones.
La ministra Ríos González había aceptado incorporar cambios propuestos y el asunto parecía resuelto, pero la discusión continuaba sobre los puntos cuestionados por otros miembros del Pleno.
Entre las objeciones destacaban que conservar datos de comunicación no era lo mismo que escuchar llamadas o acceder a su contenido, ya que se trataba solo de información asociada a las comunicaciones, como registros y datos de tráfico.
La ministra Ríos González había incorporado modificaciones solicitadas durante la discusión, pero el Pleno decidió negar el amparo y validar las disposiciones impugnadas del artículo 183 de la legislación en materia de telecomunicaciones.
Según la resolución, la conservación de determinados registros no representaba por sí sola una violación a la privacidad ni a la protección de datos personales, ya que se trataba solo de información asociada al proceso de comunicación.
La conservación de registros relacionados con las comunicaciones es un tema delicado en México, ya que implica equilibrar los derechos de privacidad y protección de datos personales con las necesidades legales de investigación y seguridad.
Según la resolución emitida por la Suprema Corte, no existe una violación a la privacidad ni a la protección de datos personales al conservar información asociada al proceso de comunicaciones, siempre que se trate de datos públicos o relacionados con la prestación del servicio. Esto significa que los registros de servicios de telecomunicaciones están sujetos a obligaciones legales de conservación.
La resolución no autoriza a las autoridades a escuchar libremente conversaciones ni revisar comunicaciones privadas sin restricciones, sino que establece límites claros para la entrega de información a las autoridades, en respeto a los derechos constitucionales y legales de los ciudadanos.
Datos basados en información reportada originalmente por El Imparcial México.
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