Aprobar la más reciente reforma al sector energético enviada por el presente de México, en los términos en los que está planteada, resultaría contraproducente para la industria eléctrica, para el bienestar de las familias mexicanas, para el desarrollo y la economía nacional, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
“Exhortamos respetuosamente al Congreso de la Unión a analizar a fondo los impactos de la Iniciativa anteponiendo el interés de la nación a consideraciones políticas”, manifestó el IMEF en posicionamiento público.
El consejo directivo de este instituto señaló que la propuesta de desaparecer a dos órganos técnicos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) reducirá la transparencia y el sustento técnico de decisiones fundamentales para el sano desarrollo del sector energético mexicano, dejándolas a consideraciones políticas.
“Se atentaría gravemente contra la competencia, inhibiendo incentivos naturales para la productividad del sector y para la generación de condiciones de precio justas para los consumidores”, señalaron.
Los expertos consideraron que la competitividad de la planta productiva nacional se afectaría, al no contar con un marco legal e insumos eléctricos en condiciones similares a los competidores comerciales del resto del mundo.
“Se afectaría de manera negativa la ejecución de contratos ya firmados por empresas inversionistas con el Estado mexicano”, añadieron.
Además, apuntaron que con la cancelación de todos los contratos celebrados con privados en el sector eléctrico se daría una nueva señal contundente a los inversionistas nacionales y extranjeros sobre la vulnerabilidad de nuestro Estado de Derecho.
Dijeron que esta acción “eleva sustancialmente el riesgo de invertir en México y limita de manera profunda la capacidad de crecimiento económico del país”.
Sobre las metas a nivel nacional e internacional para combatir el cambio climático, el IMEF consideró que de aprobarse la iniciativa, se “rezagaría al país de la transición energética global hacia fuentes limpias y renovables de energía, afectando la salud de los mexicanos”, toda vez que propone que sea la CFE la encargada de emprender estas acciones.
También consideraron que elevaría la vulnerabilidad de las finanzas públicas al ejercer una mayor presión sobre éstas, así como que se elevaría el riesgo de acciones judiciales nacionales e internacionales en contra del Estado mexicano.
En especial, remarcaron, en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), en los capítulos en los que se refiere al trato no discriminatorio, inversiones, expropiaciones indirectas, así como la venta y compra por parte de empresas del Estado y monopolios, “lo cual elevaría los costos del propio Estado mexicano y reduciría la capacidad operativa de la CFE”.
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