La gobernadora Marina del Pilar Ávila lleva dos semanas sin visa de Estados Unidos, una situación que ha comenzado a suscitar preocupaciones sobre las implicaciones para su gestión. Este episodio resalta las complicaciones que enfrenta el partido Morena, que se ha visto atrapado en un intrincado entramado de dificultades que afecta su futuro político.
El asombro inicial ante la noticia ha dado paso a una serie de especulaciones sobre las razones detrás de esta irregularidad. Con el paso del tiempo, la defensa de figuras como la presidenta Sheinbaum y otros miembros del partido ha tomado protagonismo, buscando poner un manto de apoyo sobre una situación que, de no resolverse, podría generar costosas repercusiones tanto a nivel local como nacional. Tener una gobernadora que no puede representarlos ni negociar intereses en territorio estadounidense plantea un dilema para los bajacalifornianos.
Las autoridades migratorias de Estados Unidos tienen la facultad de ejercer cierta discrecionalidad, lo que ha calado en la percepción pública, provocando suspicacias sobre el comportamiento de la gobernadora. Este cenário afecta inevitablemente su capacidad para establecer diálogos de confianza con instancias externas, haciendo que no solo se pierdan oportunidades logísticas, sino también el respeto y la confianza que se necesitan en dinámicas diplomáticas.
La pregunta que surge es si Marina del Pilar debería considerar pedir licencia para evitar obstáculos en su gestión. Sin embargo, dicha decisión recaerá sobre las manos de Claudia Sheinbaum, quien se presentará ante la presión de que la administración de Baja California funcione de manera óptima para no caer en el descrédito.
Paralelamente, Sheinbaum ha manifestado su intención de centralizar algunas operaciones del gobierno, buscando una mayor coordinación en temas críticos como la seguridad. Esta búsqueda de control podría interpretarse como un intento de someter las decisiones de gobiernos estatales y municipales, algo que ha desencadenado polémica.
En un contexto en el que la gobernadora enfrenta problemas propios, la presidenta haría bien en considerar cómo su influencia sobre otras administraciones puede ser tan comprometida como la de sus correligionarios en Baja California. Además, la decisión de Sheinbaum de visitar Sinaloa, un estado que enfrenta serios desafíos en materia de seguridad, podría interpretarse como una medida de riesgo político. La relación con el gobernador Rubén Rocha es compleja, siendo este último colocado en una situación desfavorable debido a implicaciones que van más allá de su control.
La estrategia de Sheinbaum en lo que va de su gestión parece dirigida a materializar un proyecto político ambicioso, pero existe la incertidumbre de si podrá lograrlo con colaboradores que arrastran problemas de reputación. Este estado de cosas podría derivar en un déficit tanto a nivel local como federal si no se atienden adecuadamente las debilidades que enfrenta.
El tiempo dirá si la presidenta aceptará las realidades que ya son evidentes para muchos.
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