La crisis humanitaria que la paz total no pudo parar: los ataques y desplazamientos vuelven al Catatumbo

Once meses después de la oleada de violencia que vació veredas enteras y convirtió al Catatumbo en el mayor foco de desplazamiento del país, el calendario marca otra Navidad bajo fuego. A pesar de los anuncios de cese al fuego entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC para el fin de año, las comunidades rurales han vuelto a verse atrapadas en enfrentamientos armados que han generado desplazamientos, confinamientos y un renovado drama humanitario en territorios como Tibú, El Tarra, Convención, Teorama y San Calixto. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, al menos 250 personas han salido de sus territorios en la última semana.

La crisis, que se reaviva en diciembre, forma parte de una escalada sostenida de violencia que, desde enero hasta noviembre, había provocado el desplazamiento de al menos 87.000 personas en la región, según la organización Vivamos Humanos. En varias zonas rurales, la violencia ha dificultado el acceso a servicios esenciales, con interrupciones en la atención en salud, dificultando la llegada de brigadas médicas y el acceso a centros asistenciales, cancelación de clases en escuelas rurales por riesgo de combate y problemas para transportar alimentos a las veredas. Aunque la presencia de fuerzas estatales ha aumentado en algunos corredores humanitarios, esas medidas no han sido suficientes para garantizar movimientos seguros ni detener las acciones armadas.

La Defensoría del Pueblo, a través de su cuenta de X, pidió “cesar de inmediato los combates” entre el ELN y el Frente 33 en el corregimiento de La Gabarra (Tibú) y “permitir el ingreso del personal médico para evacuar a las personas heridas y para poder llevar atención humanitaria a la zona”, un llamado que hizo a través de sus redes sociales ante la intensificación de los enfrentamientos y las dificultades para atender a los heridos en medio del fuego cruzado. Las alertas humanitarias no se limitan a los desplazamientos recientes. Organizaciones como el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) han reportado que, además de las cerca de 250 personas que han salido de sus territorios en los últimos días, alrededor de 6.000 habitantes están en riesgo inminente de confinamiento o de ser forzados a desplazarse debido a la intensificación de los combates.

La subregión del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, es una región estratégica por su posición en la frontera con Venezuela y por su papel central en las economías ilícitas que alimentan a los grupos armados. La geografía montañosa y la porosidad de la frontera facilitan el tránsito de personas y mercancías hacia ambos lados, convirtiendo la zona en un corredor clave para el tráfico de drogas y de insumos ligados a la producción de cocaína. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU, la región concentra al menos 42.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, una de las mayores extensiones del país y un indicador de la relevancia de este territorio en las cadenas de producción y tráfico de cocaína.

La crisis que estalló en el Catatumbo el 16 de enero de 2025 se tradujo desde sus primeros días en la mayor olas de violencia y desplazamiento del país. Según reportes humanitarios, alrededor de 40.000 personas fueron desplazadas solo durante la primera semana de confrontaciones. La magnitud de la emergencia llevó al Gobierno a declarar estado de conmoción interior y ordenar la Operación Catatumbo, con despliegue de tropas para intentar controlar la situación y evacuar civiles atrapados en los combates. La situación, aunque salió del foco mediático, no cesó por completo en todo el año. Ni siquiera en diciembre, cuando ambos grupos ilegales anunciaron sus rutinarios ceses unilaterales por la temporada.

Justamente por la emergencia humanitaria del Catatumbo a comienzo de año, el presidente Gustavo Petro suspendió formalmente en enero pasado los diálogos con esa guerrilla tras considerar que sus acciones en esa región del país constituyeron “crímenes de guerra” y que “no tiene ninguna voluntad de paz”. Sin embargo, el Ejecutivo sí ha mantenido un canal abierto con la facción de las disidencias de las FARC del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBD) que dirige alias Calarcá Córdoba. Aunque estos diálogos han tenido avances intermitentes —como el acuerdo de las partes para permanecer sentados en la mesa y evaluaciones de ciclos de negociación—, también han enfrentado obstáculos, incluyendo la decisión del Gobierno de no extender el cese al fuego bilateral con la misma estructura en abril de 2025, lo que reflejó tensiones y limitaciones en el proceso.

Cuatro meses más tarde, en mayo, el Gobierno intentó consolidar una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el área rural de Tibú, diseñada para que unos 500 combatientes del Frente 33 se concentraran allí como parte de un proceso de dejación de armas y tránsito hacia la vida civil. El decreto, firmado por el presidente Gustavo Petro, estableció un plazo de 45 días para que los combatientes completaran la unificación en la zona, con la posibilidad de extenderse hasta diciembre si se cumplían las condiciones pactadas, en lo que el Ejecutivo presentó como un avance de su política de Paz Total. Sin embargo, el proceso también evidenció fracturas internas en las disidencias: mientras el comandante del Frente 33 defendió la iniciativa como un paso para facilitar el retorno de miles de desplazados, Calarcá Córdoba rechazó el decreto argumentando que no fue concertado en la mesa de negociación. Una de las mesas más avanzadas en la negociación con el Ejecutivo queda, una vez más, el limbo por los ataques a la población civil.

Sobre el nuevo pico de violencia, la delegación de paz del Gobierno que negocia con las disidencias emitió un comunicado expresando su preocupación por las acciones armadas en la región. “El proceso de paz que se adelanta con el EMBF está orientado a la finalización de las violencias y a la transformación de los territorios. Este propósito se ve seriamente obstaculizado cuando se desarrolla bajo la presión constante de quienes se benefician de la continuidad de las dinámicas de violencia y de las economías ilegales”.