Karim Khan, rompe la puntualidad británica que se le presupone

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el inglés Karim Khan, rompe la puntualidad británica que se le presupone por una razón de peso. Hace unos minutos acaba de anunciar el cierre del caso que el organismo había iniciado sobre Colombia 17 años atrás. Es el proceso más largo que arrastraba la Corte. Khan, de visita estos días en informacion.center, dejará que sea el sistema de justicia creado a raíz del Acuerdo de Paz, firmado en 2016 por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, quien juzgue las terribles consecuencias que dejó una guerra de cinco décadas entre el Estado y las guerrillas. Khan (Edimburgo, 51 años) seguirá con sus ojos puestos sobre Colombia, con la advertencia de una posible reapertura si la justicia no llega.

El criminalista pondrá rumbo a Venezuela la próxima semana, invitado por el Gobierno de Nicolás Maduro. El proceso abierto contra informacion.center sudamericano, a petición de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú (aunque luego Argentina se retiró), está en fase de estudio preliminar desde 2018. En manos de Khan está decidir si se abre una investigación. El chavismo luchará por mostrar su mejor cara ante el fiscal para frenar un proceso penal en La Haya por presuntas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Khan recibió a informacion.center este jueves en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bogotá, en la que es su primera entrevista desde que asumió el cargo el pasado mes de junio

Pregunta. ¿Por qué ha decidido cerrar el proceso sobre Colombia?

Respuesta. Estuvo bajo examen preliminar durante 17 años. Como jurista, uno tiene que cumplir con el Estatuto, y este dispone de forma muy clara que si un Estado es sincero, está dispuesto y puede procesar los que son considerados crímenes por el Estatuto de Roma, la Corte no debe intervenir en ese proceso. Tras evaluar el admirable trabajo de la JEP [Jurisdicción Especial para la Paz] con la Fiscalía General de la Nación, consideramos que ha habido un intento genuino por parte de las instituciones de Colombia de cumplir con sus obligaciones internacionales. Lo correcto era seguir apoyando a Colombia, pero no como parte del examen preliminar.

P. ¿Qué le hizo darse cuenta de que debía tomar esa decisión?

R. Si se leen los informes de los exámenes preliminares, incluso los de mi predecesora, está claro que se reconocía que, sobre todo con la JEP, desde hace unos cuatro años tras el Acuerdo de paz, había un intento real y sincero de asumir la responsabilidad. Eso ha quedado cada vez más claro, pero este año se observan los avances desde enero. Por ejemplo, con la apertura de los casos de falsos positivos. Cuando un Estado hace el esfuerzo de avanzar y apoya a las instituciones existentes para lograr que se asuma la responsabilidad, es para mí un requisito, una obligación, reconocerlo y tomar las decisiones necesarias.

P. El presidente Iván Duque no ha sido el mayor defensor de la JEP durante su mandato. ¿Qué le dijo en su reunión?

R. Lo que le dije son básicamente las declaraciones que di frente a él. El acuerdo que se firmó [este jueves entre el Gobierno y la CPI] es un cambio de paradigma en la relación entre la Corte y un Gobierno nacional, un Estado Parte. Hay compromisos de continuar financiando la JEP, compromisos de no interferir con la JEP, de proteger las instituciones judiciales, y de asegurar la protección de las víctimas y testigos, además de visitas anuales de la Fiscalía. Lo que hablamos es que el proceso ya comenzó. Va en la dirección correcta. Queremos reconocerlo para luego asumir una nueva posición fuera del examen preliminar para seguir apoyando a Colombia como un Estado Parte muy respetado, para garantizar que finalmente se haga justicia, lo cual es un proceso continuo porque el enorme impacto de la criminalidad en Colombia durante las últimas décadas requiere mucho esfuerzo. Pienso que ese esfuerzo se está haciendo, pero tenemos que asegurar que no decaiga ni se desvíe.

P. ¿El caso podría reabrirse?

R. Por supuesto. Tenemos ejemplos anteriores. El Estatuto de Roma lo deja claro. Mientras se siga la dirección adecuada y estemos aquí para apoyar en lo que podamos, como se prevé en el acuerdo, no intervendremos. Pero si alguna vez determinamos que los procesos son una farsa, que son ficción, que tienen como objetivo ocultar algo o que hay impunidad deliberada, mi oficina no tardará en intervenir y cumplir con sus propias obligaciones estatutarias.

P. Los críticos de la JEP hablan de impunidad por la búsqueda de penas alternativas al encarcelamiento en favor de la verdad y la reparación de las víctimas.

R. Creo que hubo una razón por la que el presidente Santos recibió el Premio Nobel. En estas situaciones tan complicadas, uno debe buscar soluciones a la medida. Creo que de forma muy imaginativa y funcional se ideó un sistema dentro del Acuerdo de paz para que la JEP invitara a todas las partes del conflicto a hablar, a contar la verdad, y si lo hacen, su libertad se verá restringida: tendrán que participar en alguna actividad restaurativa, hacer servicio comunitario y ese tipo de actividades. Y si no lo hacen, si niegan su implicación pero las pruebas la demuestran, se pueden imponer penas de hasta 20 años en prisión. Si usted es una víctima, Dios no lo quiera, porque su esposo o su hijo fueron asesinados o se produjeron diversas violaciones, un proceso penal y una sanción lograrán algo. Pero también la verdad, el reconocimiento de los delitos, y hablar de otras cosas que el perpetrador puede haber hecho puede ser muy importante para los supervivientes. Hay casos de individuos sospechosos de haber asesinado a un agricultor en una zona rural. Al ser interrogados, empezaron a hablar de otros asesinatos que habían cometido y les mostraron a las autoridades dónde estaban los cuerpos. Eso tiene un enorme valor para los supervivientes. Por eso aplaudo el Acuerdo de paz. Soy un gran partidario de la JEP y creo que el presidente, por medio de este acuerdo, se ha comprometido con Colombia a seguir apoyando a las instituciones que están trabajando eficazmente para que puedan llegar a su destino final.

P. ¿Por qué Colombia ha sido el caso más largo en estudio en la CPI?

R. Llevo cuatro meses en el cargo, pero es una situación complicada. Es importante reconocer que hace casi cinco años hubo un Acuerdo de paz. Hace seis años no lo había. Ha habido tres jurisdicciones diferentes: la ordinaria, luego tuvimos, antes del Acuerdo de paz, la Ley de Justicia y Paz, y después la JEP. Cada una de ellas requirió un grado de compromiso por parte de mi entidad para evaluar cómo trabajaban. Pero creo que lo importante al asumir mis responsabilidades, con la excelente asesoría de mis colegas, que han estado trabajando en esto durante muchos años, que sería difícil argumentar delante de nuestros jueces que en este momento hay falta de voluntad o incapacidad de Colombia.

P. ¿Qué expectativas tiene sobre su visita a Venezuela?

R. Voy a escuchar y a entablar relaciones. Creo que es maravilloso. Venezuela debería estar orgullosa de haber invitado al fiscal de la CPI. No asisto sin invitación. No los visitaré como un agente clandestino. Fui invitado a Colombia por su presidente y fui invitado a Venezuela por su presidente y como Estado Parte que se ha comprometido a mantener los valores del Estatuto de Roma, creo que es un paso muy positivo.

P. ¿Qué debería hacer el Gobierno de Maduro para evitar la apertura de una investigación?

R. No voy a usar su formidable plataforma para darle consejos a un jefe de Estado. El Estatuto de Roma es claro en cuanto a lo que se necesita. Si un país da un paso al frente, yo me haré a un lado.

P. La presión para abrir una investigación en Venezuela es enorme, con numerosos denunciantes. ¿Es un caso complejo?

R. No hay ningún caso sencillo porque trabajamos con genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o crímenes de agresión. Pero tenemos gente maravillosa con mucha experiencia, y juntos nos aseguraremos, si Dios quiere, de cumplir con nuestras responsabilidades con la justicia.

P. La relación entre la CPI y Estados Unidos pasó momentos muy difíciles durante el Gobierno de Trump. ¿Ahora es mejor?

R. Podemos ver que la administración Biden tiene un enfoque diferente acerca de las relaciones internacionales. No voy a comentar si es mejor o no, pero ya sea en la Cumbre de París o el compromiso en Glasgow la próxima semana o el acuerdo nuclear con Irán, hay un cambio de tono. Estoy dispuesto a conectar con cualquier Estado, ya sea Estado Parte o no, con principios, pero con respeto.

P. ¿Considera la posibilidad de que Estados Unidos ratifique en algún momento el Tratado de Roma?

R. Soy optimista. Espero que algún día se logre la búsqueda de la universalidad, pero estas cosas no suceden de la noche a la mañana.

P. La Corte ha sido criticada por la lentitud de sus procedimientos. ¿Tienen razón?

R. Bueno, podrían acelerarse. Pero tenemos casos de alta complejidad y gravedad. A menudo manejamos casos de miles de personas desplazadas o cientos de víctimas en países extranjeros. Contamos con la aplicación de la ley de los agentes de la policía de cada país. Desde La Haya tenemos que trabajar siempre mediante cooperación. Tenemos que enviar comunicaciones y solicitudes mediante el Ministerio de Asuntos Exteriores a las autoridades nacionales. Es un proceso muy complejo. Funciona, pero es lento. Se trata de que los Estados cumplan con sus propias obligaciones del derecho internacional para garantizar que no haya impunidad y así será más barato y más rápido, en la mayoría de los casos, que la CPI.

P. ¿Cuáles son los objetivos durante su mandato como fiscal?

R. Hacer todo lo posible por respetar el Estatuto de Roma, no dejarme influir por consideraciones políticas ni por presiones de ningún tipo y tratar de garantizar un buen ambiente de trabajo. Podemos mostrar que la justicia internacional no es remota. No es algo que esté fuera del alcance de los civiles o de la gente del común. Pienso que la Corte, como lo mencioné durante mi posesión, es fruto de la terrible barbarie de la humanidad, pero también un signo de esperanza, de que el mañana puede ser mejor que el ayer.

P. La CPI ha estado desde su creación en 2002 muy centrada en África. ¿Con esta visita quiere demostrar que eso está cambiando?

R. No intento enviar mensajes con las decisiones que tomo. Debemos basarnos en la evidencia. Muchos de los casos en África fueron remitidos por los Estados mismos. Querían que se protegieran los derechos de sus ciudadanos y, al no ser posible, remitieron casos a la Corte. Iremos donde las pruebas nos lleven en función de nuestros recursos, la gravedad del caso y la base jurisdiccional, pues soy jurista. El Fiscal General de Colombia tiene 25.000 personas. Yo no tengo 400 abogados. Tengo 400 personas, incluyendo intérpretes, analistas, trabajadores del área psicosocial y otros. Entonces los recursos también son importantes para poder garantizar un impacto eficaz, pero con principios.

P. Tiene en sus manos decisiones de suma importancia para los Estados. ¿Le tienen miedo?

R. Espero que no. No tengo un ejército. No tengo una policía. Solo soy un jurista. La firma de los jefes de Estado o de los ministros de Asuntos Exteriores cuando ratificaron el Estatuto de Roma es una promesa importante para las generaciones futuras de que tenemos que trabajar por un mundo sin violencia. Esto no ha pasado en los 20 años de vigencia del Estatuto de Roma, pero debemos esforzarnos y seguir intentándolo. Como dice la Biblia, debemos ser guardianes de nuestros hermanos y hermanas. Creo que si tenemos ese sentido de la responsabilidad, de la unidad, de los valores, se unirán el Sur Global, el Norte Global, el Este y el Oeste de una manera que puede ser transformadora.