Habitantes de los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal, consiguieron que el Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Yucatán, les otorgará la suspensión provisional del proyecto conocido como Tren Maya, con lo que las autoridades deben abstenerse de ejecutar obras nuevas en lo que se decide la suspensión definitiva del juicio.
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De acuerdo con un comunicado emitido por el colectivo Kanan Derechos Humanos, el amparo fue promovido desde el pasado mes de julio de 2020 en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) debido a la falta de información durante la consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, realizada entre 2 y 30 de julio del mismo año.
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Así, el 30 de noviembre la Semarnat decidió aprobar la MIA “lo que implica que las autoridades ya podían ejecutar las obras nuevas en cualquier momento”, a pesar de que en el resolutivo la Secretaría “reconoció la ausencia de información durante la consulta pública, y que fue responsabilidad de Fonatur, quien no puso a disposición de la autoridad ambiental toda la información del proyecto”, indica el documento.
Por ello los habitantes de las comunidades afectadas decidieron ampliar el amparo inicial argumentando que la MIA se concedió “sin haber garantizado toda la información ni la participación pública en el proceso de evaluación ambiental en la materia”, faltando así con sus obligaciones para la protección del medio ambiente, la transparencia, acceso a la información y participación pública durante el proceso.
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Con esto, las agrupaciones esperan que se mantenga la suspensión provisional, además de que el Juzgado conceda la definitiva.
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