Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), uno de los programas insignia de la actual administración federal, está implementando acciones para atender a jóvenes con antecedentes penales o que están en tratamiento por adicciones como una forma para reinsertarlos en la sociedad.
En entrevista con informacion.center, Dayra Vergara Vargas, coordinadora nacional del programa y funcionaria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), señaló que sobre esta nueva línea de trabajo tienen avances importantes en Chihuahua, Estado de México, Jalisco y la Ciudad de México. En Sonora ya tuvieron contacto con el Poder Judicial y la Fiscalía estatal. Y quieren llegar también a Guanajuato, Sinaloa y Guerrero.
“No queremos ser ajenos ante jóvenes que hayan cometido un delito. Se trata de un tema de la comunidad. Incluso hacemos conciencia en los actores económicos. No podemos abandonarlos sino incluirlos en actividades laborales y económicas para que no lleguen a la comisión de conductas perniciosas”, abundó.
Los candidatos al programa deben estar bajo cualquiera de cuatro supuestos: jóvenes que cometieron un delito pero no son reincidentes; jóvenes que ya están en fase de investigación de un delito, pero aún no tienen sentencia, es decir, son presuntos culpables; jóvenes con sentencia que están próximos a ser liberados, y finalmente jóvenes que están en fase de reinserción.
Aclaró que contemplan a personas que hayan cometido delitos no graves contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes. “No es para todos los delitos. Es un trabajo como herramienta de reinserción para jóvenes”, dijo.
Además de jóvenes en conflicto con la ley, el programa también busca incorporar a otros que están en tratamiento por alguna adicción. Para ello, la STPS habla con organizaciones sociales y centros de trabajo que están dispuestos a colaborar en su reinserción.
Un estado donde ya han comenzado a trabajar es Chihuahua. “Algo que echamos a andar es una estrategia de trabajo con el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, donde tenemos altos índices de homicidios dolosos: Chihuahua capital y Ciudad Juárez.
“La propuesta a los jueces, a los fiscales y a las unidades de ejecución del Poder Judicial, es el programa JCF como parte de la reinserción de los jóvenes de entre 18 y 29 años que están en tratamiento de adicciones”, explicó la encargada del programa.
Vergara Vargas destacó que Jóvenes Construyendo el Futuro tiene presencia en casi todos los municipios del país, pero mil 796 reciben atención focalizada (incluidos 239 considerados como conflictivos), entre ellos, Aguililla, Cananea, Mexicali, Ecatepec, Acapulco, Monterrey, Tapachula y Benito Juárez en Quintana Roo.
Se trata de municipios con altas incidencias delictivas y tasas de fecundidad, suicidio, pobreza y percepción de inseguridad.
“El trabajo ha sido vital, en virtud de que eran lugares en donde prácticamente los jóvenes estaban abandonados. El levantar el programa ha sido muy positivo para estos mil 796 municipios”.
IMPULSAN ECONOMÍA LOCAL
Jóvenes Construyendo el Futuro comenzó como uno de los programas estrella del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con sus reglas de operación, su objetivo es incluir en actividades productivas a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, como becarios durante un año en centros de trabajo públicos o privados con la posibilidad de brindarles capacitación laboral. A cambio estos reciben una beca mensual y seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Sin embargo, es uno de los pocos programas sociales que ha tenido recorte de fondos año con año. En el Presupuesto de Egresos de 2019 se le aprobaron 40 mil millones de pesos; para 2020 fueron 24 mil 958 millones, y este año 20 mil 600 millones. En 2022 se proyecta asignarle 21 mil 196 millones.
El programa tampoco ha estado exento de críticas. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que en su primer año de funcionamiento la STPS entregó apoyos económicos del programa JCF a beneficiarios que habían fallecido, servidores de la Nación, empleados de gobierno, de la iniciativa privada y estudiantes, cuando su población objetivo son jóvenes que no estudian ni trabajan.
También se le ha señalado por incluir entre su cartera de centros de trabajo a pequeños locales comerciales en donde difícilmente los jóvenes podrían capacitarse.
Al respecto, Dayra Vergara explicó que lo que se hace en todos los municipios es incorporar a las unidades económicas de las propias localidades así sean talleres, tiendas, tortillerías o farmacias, ya que son las que dan sostén a las comunidades.
“Buscamos que la inversión, el recurso se quede en las comunidades. Ahí es donde necesitamos que se queden los jóvenes. No queremos que migren”, dijo.
La funcionaria agregó que son más de 250 mil centros de trabajo de la iniciativa privada los que colaboran con el programa y de estos más de 93 por ciento son micro y pequeñas empresas.
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