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La Audiencia de Barcelona ha decidido que un juzgado investigue al presidente del Barcelona, Joan Laporta, por una presunta estafa de 100.000 euros cometida en 2014 a través de una inversión en la sociedad CSSB Limited, con sede en Hong Kong y dirigida por el exdirector de TV3 y expresidente del Reus Deportiu, Joan Oliver, también acusado. En la demanda se encuentran además el actual número dos de Laporta en el Barça, Rafa Yuste, y el economista Xavier Sala i Martín.
El tribunal ha corregido la decisión del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, que había decidido no admitir a trámite la denuncia. Ahora, tras revocar aquella decisión, la jueza instructora deberá acordar la práctica de diligencias de instrucción. Laporta ya declaró como investigado por otra denuncia del mismo caso en el juzgado de instrucción número 6 de Barcelona, donde se desmarcó de la inversión fallida, en ese caso de 4,7 millones de euros, y descargó las responsabilidades del fiasco sobre Oliver.
Según ha avanzado este martes El Periódico, la inversora aportó 120.000 euros a la sociedad Core Store, principal accionista de CSSB, y únicamente logró recuperar 20.000 euros, pese a que la inversión era de alto rendimiento. El propósito del dinero recaudado era subir el Reus de división, un objetivo que ya se había conseguido, y crear en China una academia de futbol.
En la querella, recoge la resolución de la Audiencia de Barcelona, se señala que “la captación de capital se apoyó en la reputación y prestigio de los partícipes, quienes se presentaron como una garantes del proyecto, ofreciendo así una apariencia de solvencia empresarial que no se correspondía con la realidad”. Sostiene asimismo la inversora que se le ocultaron las “las pérdidas y datos económicos negativos” del Reus Deportiu y que el préstamo participativo en el que invertía era un “préstamo ordinario de altísimo riesgo”.
La Audiencia de Barcelona considera que es necesario abrir diligencias y preguntar a Laporta, Oliver, Yuste y Sala i Martín si la “incorrecta gestión” del dinero fue motivado por causas ajenas o si bien “los querellados nunca tuvieron la intención de cumplir lo pactado”. En opinión de los tres magistrados que firman la resolución, “existen indicios de la comisión de hechos con trascendencia delictiva”.
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