Izquierda Unida (IU) ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del caso Púnica, un escrito en el que pide que se impute al PP como persona jurídica en la pieza de este macrosumario de corrupción en el que se investiga la supuesta financiación irregular del partido en Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre, según el documento al que ha tenido acceso en el pais.
No es la primera vez que IU, que ejerce una de las acusaciones populares junto a varias organizaciones ecologistas y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), solicita que el PP adquiera la condición de investigado y, por tanto, que un representante legal o administrador del mismo sea interrogado. En anteriores ocasiones, la iniciativa ha sido rechazada por el magistrado, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que en aquel momento “la investigación aún se estaba desarrollando y era prematuro”.
En esta ocasión el escrito se presenta cuando solo quedan unos días para que, el próximo viernes, 29 de octubre, concluya la prórroga de tres meses que García-Castellón acordó a finales de julio para dar por finalizada la investigación de esta pieza. Por ello, esta acusación pide también que la instrucción de la causa se alargue otros seis meses. Otra de las acusaciones populares, en este caso la que ejerce el PSOE personado a través de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade). También ha presentado un escrito con este último fin. Esta pieza del macrosumario llegaron a estar imputados tres de los expresidentes autonómicos: Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes, si bien la causa contra esta última se archivó el pasado abril.
En su escrito
IU recalca que de la investigación “se desprende de forma indubitada que en el trasfondo de las actividades criminales que se investigan en esta instrucción [en la que se han agrupado las investigaciones sobre la caja b recabadas tanto en el caso Púnica como en otra operación anticorrupción que salpica al PP madrileño, el caso Lezo] se halla el propio Partido Popular, quien aparece [como] beneficiario directo de las actividades de la trama”. En concreto, en el supuesto desvío de fondos públicos entre 2012 y 2015 de la agencia informática de la Comunidad de Madrid, ICM. Para el pago de gastos de campaña, en lo que el escrito tilda de “una auténtica depredación de dinero público en beneficio exclusivo” de la formación política.
La acusación recalca que el PP, “como persona jurídica, no solo no tomó ninguna medida para prevenir o erradicar en su seno este tipo de prácticas irregulares y delictivas, sino que desde el seno de la propia dirección del PP en Madrid se impulsó la adopción de estrategias y mecanismos de elusión del control público y que derivaban en la comisión de una multiplicidad de hechos delictivos por una pluralidad de personas físicas y jurídicas”. Por todo ello, IU considera que el PP puede ser responsable penal en los delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, así como de varios delitos electorales.
“A la par, este modo de actuar por parte del PP de Madrid debe ser puesto en conexión con los delitos de organización criminal, de la que el partido se había beneficiado, y del delito de encubrimiento, obstruyendo sus principales dirigentes la acción de la justicia por acción u omisión”, añade la acusación. El escrito recuerda que los hechos que se investigan se produjeron cuando “ya había entrado en vigor la reforma del Código Penal [de 2013] que permite la imputación de los partidos políticos como personas jurídicas”.
Prorrogar la instrucción
El PSOE tampoco tira la toalla. El partido ha solicitado también al juez que amplíe otros seis meses la investigación sobre la supuesta caja b del PP de Madrid. A través de un escrito fechado el 24 de octubre, la formación subraya que siguen vigentes los mismos motivos que esgrimió García-Castellón el pasado julio para prorrogar la instrucción hasta este octubre y, por tanto, finiquitarla ahora supondría “ir contra sus propios actos”.
Según resalta Adade en su escrito, el magistrado “admitía” en su auto de julio que aún quedan por recopilar pruebas que podrían derivar en nuevas iniciativas de investigación. Entre otros puntos, García-Castellón detalló entonces que la Sala de lo Penal aún no ha decidido si revoca su decisión de desgajar de estas pesquisas sobre una parte centrada en la batería de facturas que Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda y en prisión para cumplir una condena de más de 40 años por el caso Gürtel, presentó en la Audiencia Nacional. Estos documentos, según la versión del antiguo primer edil, sirvieron para “sobrefacturar” más de un millón de euros a través de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo y desviar el dinero a la contabilidad paralela de la formación conservadora.
Siguen sin resolver el asunto de Ortega
Pero los magistrados de la Sala de lo Penal todavía no han resuelto ese asunto relacionado con Ortega. “La situación de incertidumbre procesal sobre esta pieza se mantiene”, ahonda la acusación popular, que incide en que también queda pendiente unir documentación procedente de la Operación Lezo. Una macrotrama de corrupción que tiene como epicentro al expresidente madrileño Ignacio González, y dar acceso a las partes personadas.
El juez García-Castellón hace tiempo que da por “agotada” la investigación sobre la presunta contabilidad paralela del PP de Madrid y mantiene que debe cerrarse para acordar si se envía a juicio a los implicados o si, por el contrario, se da carpetazo a las acusaciones. En esta línea, la propia Sala de lo Penal le instó el pasado febrero a “no demorar por más tiempo la conclusión” de esta “larguísima instrucción”. La investigación judicial del caso Púnica se inició en junio de 2015 y las primeras detenciones, entre ellas la del principal implicado, el exconsejero madrileño del PP Francisco Granados, se produjeron en octubre de ese mismo año, hace ya seis años.
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