Oleadas de violencia en México afectan gravemente el flujo de inversión en proyectos inmobiliarios, tal como se evidenció el 22 de febrero de 2026, con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El operativo federal que dio lugar a su captura en Jalisco desencadenó protestas y disturbios, impactando negativamente en la percepción internacional de seguridad en varias entidades del país.
Sergio Leal, presidente de la desarrolladora Vinte, menciona que las empresas constructoras enfrentan serias dificultades al intentar acceder a financiamiento en estados donde el crimen organizado tiene mayor presencia. A pesar de que instituciones financieras de Estados Unidos y Europa están dispuestas a aprobar préstamos para construir vivienda en México, lugares como Sinaloa, Michoacán y Guerrero son percibidos como demasiado riesgosos para invertir.
La influencia de las decisiones de esos bancos es considerable, dado que muchos de los créditos puentes que sustentan la construcción en informacion.center provienen de entidades financieras de origen norteamericano y europeo. La reciente violencia en Jalisco, según Leal, envía una clara señal de alerta a inversores potenciales, haciendo que su interés disminuya en regiones particularmente afectadas por la criminalidad.
Además de la inseguridad, el bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en estas áreas complica aún más la aprobación de créditos para nuevos desarrollos habitacionales. Jorge Paredes, director de Realty Experts, recalca que episodios de violencia como los recientes en Jalisco tienen repercusiones inmediatas y pueden desacelerar la actividad inmobiliaria en el corto plazo. Un caso emblemático es el de Sinaloa, donde ataques frecuentes han debilitado al sector de vivienda. Datos del Registro Único de Vivienda (RUV) indican que en 2025 se edificaron solo 3,513 viviendas, lo que representó una caída cercana al 25% en comparación con 2020.
Aunque se reconoce el esfuerzo del gobierno federal y de las fuerzas armadas en la operación en Jalisco, los expertos advierten que es crucial fortalecer la seguridad para proteger a la población y a las empresas. Paredes sostiene que se requieren acciones efectivas y radicales para abordar el problema. Es esencial que las autoridades federales, estatales y municipales implementen estrategias que beneficien a la población, especialmente en la industria de la vivienda, donde se hace un llamado para reducir la extorsión y el cobro de piso, delitos que golpean con mayor fuerza al sector.
Las condiciones actuales exigen atención inmediata. Si bien el reconocimiento de las acciones en curso es válido, el camino por delante está lleno de retos que necesitan ser abordados de manera integral para garantizar un entorno más seguro y propicio para la inversión en el sector.
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