El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este martes el inicio de los trabajos para realizar la consulta popular para juzgar a los expresidentes de México, solicitada por el Ejecutivo.
Bajo la advertencia de no contar con los recursos económicos suficientes para su realización, el plan aprobado contempla la instalación de 104 mil 667 casillas, en la que habrá mil 500 boletas por cada una de ellas y en la que participarán 2 mil 318 supervisores, lo cual señaló, implicaría un costo de mil 499 mdp.
Lorenzo Córdova, relató durante la sesión en la que se aprobó el plan integral y calendario de la consulta popular 2021 que el organismo a su cargo hizo en un par de ocasiones una solicitud de ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda.
“Incluso se plantearon escenarios distintos más reducidos respecto del que se había planteado el año pasado y que nos llevaba a proponer la instalación de 104 mil casillas”, dijo Córdova en su intervención.
Precisó que en la segunda versión “se ha planteado la no instalación de casillas extraordinarias respecto de la previsión original para llegar a un ejercicio de alrededor de 91 mil casillas”.
Para las elecciones presidenciales de 2018 el INE instaló más de 155 mil casillas y para las elecciones federales del 6 de junio en las elecciones federales, las más grandes en la historia del país, se tiene proyectada la instalación de 163 mil.
“El punto es que no hemos recibido todavía respuesta formal de la Secretaría de Hacienda, señaló Córdova.
Dijo que por eso están planteando la hipótesis de “eventualmente sufrir una modificación por parte del Consejo General del INE, porque dependerá de las suficiencias presupuestales que tenga este Instituto para que la consulta se pueda llevar a cabo. Y si se lleva a cabo, en qué condiciones y con qué dimensiones”.
El presidente del INE dijo además que el organismo a su cargo “va a cumplir con sus obligaciones constitucionales en la medida de las posibilidades presupuestales” que otros poderes del Estado han determinado para este Instituto, pero “nadie está obligado a lo imposible”.
A comienzos de octubre de 2020, en una decisión polémica, la Suprema Corte de México avaló la constitucionalidad de esta consulta, si bien, para no vulnerar la presunción de inocencia de los expresidentes, ordenó retirar de la pregunta los nombres de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”, dice la pregunta consensuada por los magistrados.
Con información de EFE
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