El Senado ha dado un paso significativo al aprobar la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Ley de Vivienda. Este cambio busca alinear la legislación con lo establecido en la Constitución e incorporar, de manera formal, el crucial concepto de “vivienda adecuada”. Hasta ahora, aunque este término ya estaba reconocido en la carta magna, carecía de definiciones claras en la ley que permitieran evaluar su cumplimiento y efectividad.
Este ajuste legal es fundamental, ya que aborda un vacío en la normativa que, de acuerdo con el dictamen, limitaba la evaluación de las condiciones habitacionales en informacion.center. Anteriormente, el concepto de “vivienda digna y decorosa” resultaba insuficiente por su falta de precisión, impidiendo medir su efectividad en la práctica. Con 75 votos a favor y 36 en contra, la reforma fue un tema central en las discusiones legislativas, donde se abordaron las facultades de los organismos públicos y el uso de recursos destinados a la construcción habitacional.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, representante de Morena, subrayó que esta reforma no es un simple “maquillaje”, sino una respuesta a una deuda histórica del Estado en materia de vivienda. En contraposición, Gina Gerardina Campuzano González de la oposición advirtió que los recursos involucrados son, en realidad, ahorros y patrimonio de los ciudadanos trabajadores de México.
El nuevo marco legal presenta los elementos que definen la “vivienda adecuada”, que incluyen aspectos como accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, disponibilidad de servicios e infraestructura, habitabilidad, seguridad en la tenencia y ubicación. Circe Díaz Duarte, directora de Política de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), destacó que el cambio responde a las necesidades actuales de la política habitacional del gobierno, enfatizando que no se trata solo de aumentar el volumen de construcción, sino de garantizar que las viviendas ofrezcan servicios adecuados y un entorno favorable.
Con la inclusión de los organismos encargados de la construcción y financiamiento de vivienda, como Infonavit y Fovissste, el dictamen establece acciones claras: construcción, adquisición y rehabilitación de viviendas, financiamiento de autoproducción, urbanización de suelo y arrendamiento. Este enfoque busca dar un rol más definido a estos organismos en la política nacional de vivienda.
Raúl Herrera, del Fovissste, anticipó la inminente puesta en marcha de programas de construcción de vivienda en diversas ciudades, con una meta inicial de 100,000 unidades, una vez que la ley sea publicada oficialmente. Este avance es un paso hacia la armonización de la legislación, ya que el concepto de “vivienda adecuada” fue incorporado en la Constitución en 2024, pero no se había desarrollado en la ley anterior.
Asimismo, el dictamen sustituye la noción de “familias” por “personas”, reconociendo el derecho a la vivienda como un derecho individual. Esta actualización busca proporcionar un marco jurídico más claro y medible para la política habitacional, permitiendo la evaluación efectiva de las condiciones de vivienda.
Al finalizar este proceso legislativo, el siguiente paso será implementar estos cambios en colaboración con los gobiernos locales para ajustar normativas, establecer criterios técnicos y desarrollar herramientas que midan los elementos de la “vivienda adecuada”. Como enfatizó Díaz Duarte, el derecho a la vivienda debe ser tangible y exigible, dejando atrás las palabras para hacerlo una realidad efectiva para todos los ciudadanos.
La reformulación de la Ley de Vivienda es, sin duda, un avance hacia la mejora de las condiciones habitacionales en México, enfatizando que el derecho a la vivienda no solo debe ser una promesa, sino un compromiso que se pueda medir y cumplir.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación
