IA: El Gobierno pone bajo la lupa el impacto de los centros de datos | Clima y Medio Ambiente

El Gobierno quiere poner bajo la lupa la huella de los centros de datos, los emplazamientos donde se ubican los equipos electrónicos detrás de los servicios digitales o la tan en auge inteligencia artificial (IA), en un momento en el que cada vez son más las empresas tecnológicas como Amazon, Microsoft, Meta, Google o IBM interesadas en España para colocar este tipo de instalaciones muy intensivas en consumo de energía o agua. El Ministerio para la Transición Ecológica acaba de poner en trámite de audiencia un proyecto de real decreto que obliga a estos centros a reportar información concreta sobre su consumo energético e hídrico, así como sobre su impacto en el territorio, de acuerdo con la directiva europea de eficiencia de 2023.

Este texto, que para salir adelante solo necesita ser aprobado por el Gobierno, establece que estas instalaciones tengan que informar de indicadores sobre su eficiencia, como el consumo de energía eléctrica de sus equipos, el gasto de agua y de agua potable, el uso de energía renovable, los tipos de refrigerantes utilizados, el calor residual generado… Además, también requiere la presentación de otros datos sobre la incidencia de estos centros en el territorio, en especial, en lo que se refiere a los empleos directos e indirectos creados, el tipo de cualificación de estos trabajos o incluso su contribución a la cohesión territorial.

Por otro lado, el proyecto de real decreto también obliga a las instalaciones a aprovechar el calor residual de sus equipos (aquel que se libera por el simple uso de los aparatos electrónicos) para reutilizarlo en servicios de climatización y otras aplicaciones, cuando esto sea técnica y económicamente viable. En concreto, el texto fija que deben cumplir este requisito todos los centros de datos con una entrada de energía nominal total superior a 1 megavatio (MW). Esto afecta primeramente a las instalaciones que vayan a ponerse en marcha a partir de ahora, que en realidad representan el mayor desafío, pero las ya existentes también tendrán que evaluar esta posibilidad.

Las empresas que quieran ubicar sus centros de datos en España tendrán que presentar, junto a las solicitudes de obra y de conexión a redes de distribución de energía, un informe favorable del organismo competente de eficiencia energética de la comunidad autónoma correspondiente que valide el plan de aprovechamiento del calor residual. Según precisa el documento, este exceso de calor generado por los centros de datos podría alimentar redes de calor para la climatización de barrios o municipios cercanos, o proporcionar calor a industrias aledañas.

Esta nueva normativa busca mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de estos centros de datos aumentando la transparencia sobre sus impactos, sobre los que hoy en día existe muy poca información contrastada y a veces generan una gran controversia. La actual explosión de los servicios digitales y de la inteligencia artificial requieren de cada vez de más de estos emplazamientos para procesar y almacenar el creciente volumen de datos.

Como consecuencia de esto, han aumentado de forma significativa los proyectos de este tipo que buscan asentarse en España, por ofrecer unas condiciones especialmente atractivas. La primera de todas es la alta capacidad del país en energías renovables, lo que garantiza una electricidad más barata y permite descarbonizar los servicios digitales de estas empresas. A esto se une la existencia de espacio y de infraestructuras de fibra óptica de calidad. Sin embargo, este creciente interés por ubicar centros de datos en España está generando a veces un fuerte rechazo por la falta de información sobre sus consumos de energía y agua, o sobre su verdadera incidencia socioeconómica en el territorio. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en sitios como Villamayor de Gállego, en Aragón.

Este real decreto busca poner bajo la lupa la información clave en eficiencia y otras cuestiones sensibles para los territorios, sobre las que no existe ninguna obligación de reportar en la actualidad. El texto estipula que ahora, cada año, a más tardar el día 15 de mayo, los operadores de centros de datos incluidos en el ámbito de aplicación tengan que remitir una comunicación con la información requerida a la Dirección General de Planificación y Coordinación Energética. Los indicadores de eficiencia demandados son los incluidos en el reglamento 2024/1364 de la Comisión, relativo a la primera fase del establecimiento de un régimen de evaluación común de la Unión para centros de datos. En el caso de los consumos de energía, de agua o de agua potable, se establece también la obligación de incluir una estrategia para la minimización de estos impactos.

Además de lo anterior, se quiere también que los centros de datos deban presentar un análisis del volumen de empleo creado o mantenido (medido a través de la tasa de empleo regional y la evolución neta de ocupación), la contribución a la cohesión territorial valorando el efecto sobre zonas rurales, despobladas, en declive demográfico o con tasas elevadas de paro estructural, y la mejora de la accesibilidad al empleo, incluyendo infraestructuras, transporte y movilidad laboral.

Igualmente, se pide a las empresas un análisis del impacto esperado en la economía local y nacional, incluyendo la justificación de cómo se logra ese impacto; y la ubicación de los clientes potenciales, así como el origen y destino de los datos a almacenar o procesar, por países (sin identificar a los clientes).

Según especifica el proyecto de real decreto, la información mencionada deberá ser puesta a disposición del público en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica.

El texto también establece que los centros de datos de potencia superior a 100 MW deban acreditar cumplir las mejores prácticas del sector, considerándose para ello estar situados dentro del 15% de instalaciones con mejores prestaciones, para los indicadores relevantes, que incluirán, al menos, la eficacia en el uso de la energía y en el uso del agua, la reutilización de la energía y el coeficiente de energía renovable en el sector.

Se excluye del cumplimiento de esta normativa a los centros de datos que se utilicen o que presten sus servicios exclusivamente como fin último para los sectores de la defensa y la protección civil. Asimismo, el texto estipula que debe acreditarse el cumplimiento de todos los requisitos de información para el otorgamiento de los permisos de acceso y conexión a las redes de distribución de energía eléctrica, incluso en los casos en los que los promotores presentaran la solicitud antes de la aprobación de esta nueva normativa. Para los que ya estén en funcionamiento, disponen de tres meses para facilitar la información a la entrada en vigor del real decreto.