Homicidios de jóvenes alcanzan récord en Morelos

Morelos lidera el país en homicidios de jóvenes entre 13 y 29 años, según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El fenómeno se extiende desde enero hasta agosto de este año, con un total de 179 asesinatos dolosos en esta franja etaria.

Los registros oficiales dividen la violencia en dos categorías: adolescentes entre 13 y 17 años, y jóvenes de 18 a 29 años. Entre estos últimos se encuentran nueve estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) asesinados en menos de dos años.

Los expertos atribuyen esta situación a una serie de factores, incluyendo el debilitamiento de las policías municipales y la falta de articulación entre los tres niveles de gobierno. Esto ha permitido que la violencia se disuelva en los totales generales, dificultando su identificación.

La entidad obtuvo una tasa de 0,91 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que la coloca en el primer lugar nacional entre adolescentes y jóvenes. Esta situación ha generado preocupación entre especialistas y residentes de la región.

La situación en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) sigue siendo preocupante debido a la cantidad de jóvenes que han perdido la vida en circunstancias violentas.

Entre 2025 y los primeros nueve meses de 2026, nueve estudiantes murieron asesinados en el estado. De estos casos, cuatro se están investigando como feminicidios mientras que cinco corresponden a homicidios ocurridos en situaciones distintas.

Aunque no hay información pública que confirme un vínculo entre los casos, la frecuencia de las muertes ha generado inquietud entre los especialistas. En el campus Chamilpa se registraron dos de los casos más recientes: la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Kimberly Joselín Ramos Beltrán.

El 20 de febrero de este año, Kimberly desapareció en el campus Chamilpa y fue localizada sin vida tres días después. Su caso despertó una gran conmoción entre la comunidad universitaria y llevó a la toma del campus por parte de los estudiantes.

El caso de Michelle Itzayana Fuentes Calderón también generó movilizaciones en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), al igual que el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio de 21 años.

La desaparición y posterior hallazgo sin vida de Michelle Itzayana Fuentes Calderón ocurrieron en mayo y junio, respectivamente. La joven había sido vista por última vez el 24 de mayo en Tepoztlán. Claudia Tacoronte Aguilera, por su parte, murió tras un ataque con arma blanca el 12 de septiembre en Cuautla.

El mes de septiembre fue declarado como el más violento para la comunidad universitaria por el colectivo Resistencia Estudiantil, según lo registrado en el diario. Durante ese período se registraron varios asesinatos y desapariciones que han generado una gran preocupación entre los estudiantes y sus familias.

Entre los casos reportados en septiembre destacan los de Christian Shamed Arce Díaz y Gael Rojas Pérez, dos jóvenes de 17 años que fueron asesinados a balazos el 26 de septiembre en Cuernavaca tras salir de una celebración. También se menciona el caso de Ángel Miguel Hernández Flores, quien murió mientras trabajaba en la colonia Satélite.

La familia de Ángel Miguel Hernández Flores expresó su frustración por la falta de avances en la investigación del asesinato de su hijo, que ocurrió hace casi un mes. La desaparición de Viridiana Anaid Morales Rodríguez y Dorian Alí Olivo Rodríguez también sigue siendo un misterio, ya que se desconoce su paradero desde 2012 y junio de 2026, respectivamente.

El análisis de Morelos Rinde Cuentas revela una tendencia preocupante en la reducción del número de elementos municipales en Cuernavaca durante los últimos diez años, con un declive de más de 40%. Esta disminución ha sido acompañada por un aumento en el número de homicidios de jóvenes entre 13 y 29 años.

El director de Morelos Rinde Cuentas también cuestionó la eficacia de un proyecto destinado a instalar cámaras de videovigilancia en Cuernavaca, con una inversión de 800 millones de pesos durante cuatro años. Señaló que la falta de transparencia en este proyecto y su posible impacto en la seguridad pública no han sido suficientemente explicados.

Iván Martínez Dunker, un profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, sostuvo que la violencia contra adolescentes no se puede reducir a un problema de seguridad. En su lugar, el académico resaltó la importancia de entender las causas subyacentes y los factores estructurales que contribuyen a esta problemática.

Martínez Dunker señaló la falta de articulación entre los tres niveles de gobierno y el debilitamiento de los municipios en capacidades y recursos. También resaltó la persistencia de problemas históricos como la corrupción y la colusión entre autoridades y grupos criminales, lo que ha generado un vacío de poder que se ha llenado con la criminalidad.

El investigador consideró que las universidades tienen una responsabilidad en abordar este problema, ya que no pueden permanecer al margen. Afirmó que el tema es cada vez más importante y que su silencio puede tener consecuencias a largo plazo, lo que ha llevado a que la cuestión toque la puerta de la conciencia pública.

La crisis de seguridad en Morelos continúa siendo un tema candente para la sociedad mexicana. A pesar de las cifras que sugieren una disminución en los homicidios dolosos, la realidad en el terreno es muy diferente. Muchas unidades policiacas operan sin presupuesto propio, lo que dificulta su capacidad para atender casos y capacitar personal.

La falta de recursos no es el único problema que enfrenta la seguridad en Morelos. La movilización estudiantil del 2 de octubre en Cuernavaca fue un claro ejemplo de la indignación y la demanda por justicia que se siente en la sociedad. Los colectivos Resistencia Estudiantil y la Red de Estudiantes de Posgrado marcharon desde la Glorieta de Tlaltenango hasta el Tribunal Superior de Justicia para exigir que se haga justicia con los nueve estudiantes asesinados y para pedir la aparición con vida de Dorian y Viridiana.

Aunque el gobierno estatal informa una caída del 54% en homicidios dolosos, este dato no refleja la realidad en las comunidades afectadas. La percepción de inseguridad es alta y los ciudadanos sienten que no se están tomando medidas efectivas para protegerlos. La falta de transparencia y la discrecionalidad en la presentación de cifras y datos son preocupantes.

La disminución en los homicidios dolosos, según informó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es un dato que debe ser tomado con cuidado. La caída del 54% en el promedio diario de homicidio doloso entre septiembre de 2024 y junio de 2026 no necesariamente significa que la situación esté mejorando.

La falta de recursos y la ineficacia en la presentación de datos son solo algunos de los problemas que enfrenta la seguridad en Morelos. La sociedad mexicana tiene derecho a saber la verdad sobre la situación real en sus comunidades y a exigir que se tomen medidas efectivas para proteger su seguridad.

La reducción de delitos violentos en Morelos se presenta como un éxito en las estadísticas oficiales, con disminuciones significativas en el robo de vehículos con violencia, el robo a transportistas y los feminicidios.

Sin embargo, esta narrativa se ve cuestionada por organizaciones civiles que alertan sobre la calidad de los datos oficiales. Causa en Común señaló recientemente que, aunque Morelos registró una disminución en el número de víctimas de homicidio en el primer semestre del año, hubo un incremento significativo en la categoría de otros delitos contra la vida.

Esta disparidad entre los datos generales y la situación específica de la población joven en Morelos destaca la necesidad de una medición más precisa y detallada de la violencia en el estado.