La contratación de 500 mil trabajadores por parte del gobierno federal que laboran actualmente dentro de la administración pública bajo el esquema de subcontratación u outsourcing es viable, afirmó el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida.
“Hay capacidad financiera para otorgarles un trabajo de servicio permanente y seguridad en el empleo y la seguridad social integral, en el entendido del Aparto “B” del Artículo 123 Constitucional. Es la postura que toma la FSTSE”.
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“Somos respetosos del Apartado “A” del Artículo 123 Constitucional, del entendimiento y los acuerdos que se tomen con los llamados patrones”, enfatizó.
La unidad de los 82 sindicatos nacionales agrupados en esta Central, permitirá que se contrate a esos miles de trabajadores que se encuentran en el “limbo laboral”, para que en un acto de justicia se les otorgue un empleo formal, un salario digno y seguro así como la seguridad social para su futuro.
“Estamos motivados, estamos a favor de la iniciativa del presidente López Obrador en cuanto a dar un giro a la contratación bajo el esquema del outsourcing que es lesiva de siempre a las garantías que otorga la ley laboral vigente en el pais para todos los trabajadores de México”.
De manera que esta iniciativa salvaguarda los derechos de los trabajadores, en la misma entidad, en la misma Secretaría, en el mismo Organismo Desconcentrado del servicio público y otros, puntualizó.
Sostuvo que deberá ejercerse lo que marca la propia Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en caso de las dependencias del sector público, la protección debida para otorgarles un trabajo permanente, que le da estabilidad laboral, apegado a un tabulador federal. Y con opción de escalafón.
Explicó en conferencia de prensa que en “en estos momentos es más oneroso y representa un mayor gasto que cada dependencia federal celebre sendos contratos con empresas privadas, que en un alto porcentaje representan a trabajadores de las áreas de limpieza. cocina, seguridad y en menor porcentaje, espacios de tecnología especializada en la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, particularmente”.
Consideró de importancia histórica la propuesta del gobierno federal, para eliminar los contratos laborales existentes por tres o hasta seis meses que son una argucia que trunca los alcances del movimiento sindical en favor de los trabajadores.
En dichos contratos con las empresas privadas, se cobra por cada uno de los elementos a quienes les toca solo una tercera parte como máximo de lo que establecen las cláusulas del contrato privado, de lo que se señala por la dependenca del gobierno.
Y puso un ejemplo: Sí se cobra 12 mil pesos por trabajador y solo se le pagan 4 mil pesos de salario, entonces, con el mismo monto de la contratación se puede pagar el nombramiento a partir del tabulador salarial de pie de rama y su incorporación a la seguridad social en el ISSSTE y FOVISSSTE, de acuerdo a la ley vigente.
También su inscripción en la Afore Pública de su preferencia, con la protección del seguro de vida.
Afirmó Ayala Almeida, que para los trabajadores que contrata el gobierno federal, deja de de ser financieramente un problema dado que con el mismo monto de recursos económicos que se firma con empresas privadas por estos servicios, se cubrirá el sueldo base de acuerdo al tabulador federal.
Dejar de ser limitante financiera
También deja de ser una limitante financiera para las instituciones del sector público, amparadas por el Apartado B del Artículo 123 Constitucional que establece las garantías laborales en base a la Ley Federal de losTrabajadores al Servicio del Estado.
Afirmó: “Dejará de beneficiarse a las empresas privadas a costa del ingreso per-cápita sumamente castigado. Actualmente no hay justicia salarial”.
Esta propuesta no tiene limitante económica en cada una de las dependencias que conforman el gobierno federal, ya que le va a permitir darle un salario minino federal del tabulador existente con opción a tener una o dos categorías establecidas en cada contrato colectivo, en cada regulación de las condiciones generales de trabajo en el caso de los trabajadores públicos.
Le va a permitir, esencialmente, incorporarlos a la seguridad social: ISSSTE y en su caso, al Pensionissste y la Afore Pública, para darle seguridad integral.
¿Ya es una postura del gobierno federal?
-Es la postura de la Central FSTSE. Le decimos al Ejecutivo federal: no tienes problema financieramente.
¿Cuál será la suerte de los 500 mil trabajadores contratados bajo este esquema?
-Pasan de las circunstancias precarias, desprotegidos de la ley laboral a una circunstancia de trabajadores con servicios permanentes y seguridad social. Nos consta que cada contrato que se ejerce bajo el esquema de outsourcing
¿Sí hay recursos?
-Imprudente e irresponsable sería plantearnos esto, sabedores que una partida importante del PEF a cada dependencia del gobierno federal, se va para estos contratos con empresas privadas. Si se contrata por persona con 13 o 13 mil pesos y se le pagan 4 mil pesos, dónde está el diferencial?
Entonces, ese dinero será aplicable para la seguridad social y el sueldo digno al trabajador de acuerdo al tabulador federal vigente.
¿Ya conoce esta propuesta el gobierno federal?
-Estamos en contacto con el que va a decidir el ajuste respectivo y muy directamente con el diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena), quien hizo una adición al artículo 10 bis de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, para que se plasme este contenido.
Y respecto a los 10 mil trabajadores a lista de raya en el Gobierno de la Ciudad de México, comentó el líder Ayala Almeida que trabaja directamente con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum en esto.
Por principio, desaparecerá la Caja de Ahorro que maneja una Mesa Mixta en la que participan 110 mil trabajadores afiliados al SUTGCDMX.
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