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La Universidad de Harvard se ha apuntado este miércoles un tanto en su batalla judicial contra el Gobierno de Estados Unidos, transformada ya en una pelea por la libertad de cátedra y de expresión. Un tribunal ha declarado ilícita la decisión de la Administración de Donald Trump de retirar 2.200 millones de dólares en fondos para investigación a esta institución educativa, y ha ordenado que se entregue ese dinero a la universidad.
El dictamen de la jueza de distrito Allison Burroughs en Boston (Massachussetts) es una vindicación de las tesis de la universidad más antigua y más rica de Estados Unidos, que alega que las presiones de la Administración Trump sobre sus políticas de diversidad y su supuesto antisemitismo equivalen a una violación de la primera enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión. En una vista celebrada en julio, los abogados de Harvard habían argumentado que la congelación de fondos no solo es ilegal, sino que pone en peligro investigaciones fundamentales para la medicina, la ciencia y la tecnología.
La jueza está de acuerdo en que la congelación de los fondos violó los derechos constitucionales de Harvard, convertida ahora en emblema de la resistencia del sector educativo contra las presiones de la Administración republicana. Unas presiones que comenzaron como exigencias de control sobre las proclamas propalestinas tras la gran movilización estudiantil contra la guerra en Gaza de la primavera de 2024 y pasaron a la demanda de eliminación de los programas de fomento de la diversidad y la inclusión en los centros de enseñanza. El Gobierno republicano exigía a la universidad —y a otros centros educativos punteros— cambios drásticos en su política de contratación de profesores y personal y admisión de alumnos.
Aunque Trump ya había adelantado que apelaría en caso de derrota, la decisión de la magistrada da a Harvard nuevos elementos de presión en sus negociaciones con el Gobierno para llegar a un acuerdo que cierre su disputa. Trump había declarado el mes pasado que aspiraba a que la universidad pagara al menos 500 millones de dólares. Tras presiones similares, la Universidad de Columbia había aceptado contemporizar y desembolsar 221 millones de dólares para resolver su propia disputa con la Administración Trump.
Burroughs, nombrada para su puesto por el presidente demócrata Barack Obama, considera que Harvard “erró al tolerar un comportamiento de odio durante tanto tiempo”. Pero esta magistrada judía también puntualiza que el Gobierno “utilizó el antisemitismo como una cortina de humo para un asalto motivado ideológicamente y dirigido contra las universidades punteras de este país”. La decisión de congelar los fondos no solo viola la Primera Enmienda constitucional, sino también la ley de Derechos Civiles, la ley de Procedimiento Administrativo y pone en peligro “décadas de investigación”, añade.
En su campaña contra Harvard, el actual Gobierno estadounidense no solo le ha congelado fondos. También amenaza con retirarle el estatus de entidad exenta de impuestos, quiso impedirle la matriculación de alumnos extranjeros y ha investigado el dinero que recibe desde el exterior.
Además, el Congreso, de mayoría republicana, ha aumentado desde el 1,4% al 8% el impuesto federal sobre los rendimientos del capital a los 53.000 millones de dólares de dotación o endowment de la universidad, el fondo permanente que sirve para financiar de forma estable una parte de sus actividades. Los ingresos procedentes de la dotación cubren el 40% del presupuesto operativo de Harvard.
La jueza subraya que “debemos luchar contra el antisemitismo, pero también tenemos que proteger nuestros derechos, incluido el derecho a la libre expresión, y ninguna de las dos cosas ni debe ni requiere ser sacrificada en aras de la otra”. Su decisión cita una serie de acciones gubernamentales que, según señala, “tienen poco que ver con el antisemitismo” y mucho con “las opiniones políticas” de la Administración Trump.
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