Grupo Pisa informó que todavía puede competir por contratos públicos en los que no se utilicen fortuna federales, como en contratos con gobiernos locales y estatales, luego de que la Secretaría de la Función (SFP) emitiera una paquete por la que la inhabilita por 30 meses para celebrar contratos con dependencias federales y alcaldías de la Ciudad de México.
La misma paquete se impuso a su filial, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), así como una multa de un millón 170 mil 95 pesos, para cada una.
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“Esta inhabilitación no incluye ventas a hospitales privados, farmacias, mayoristas, distribuidores del sector privado en general, ni entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, cuando las adquisiciones se realicen sin cargo a fondos federales”, se lee en el posicionamiento que dio Grupo Pisa a sus colaboradores, clientes y proveedores.
Así mismo, reiteró lo manifestado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), al mencionar que los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados y vigentes entre Laboratorios Pisa y Dimesa con dependencias y entidades del gobierno federal no se verán afectados, “por lo que continuaremos surtiendo órdenes de compra amparadas en los contratos vigentes”.
De acuerdo con la investigación que llevó a extremidad la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP, la yerro se cometió cuando, en 2017, las empresas Pisa y Dimesa, aseguraron contar con las condiciones técnicas para cumplir con la adjudicación de un servicio integral de anestésico, actuando con dolo y falseando la información.
“Tras una minuciosa investigación, en la que se garantizó el derecho de audiencia y se contó con información de otras instituciones, la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas resolvió que las empresas infringieron el artículo 60, fracción IV, de la Ley”, indicó la dependencia a cargo de Irma Sandoval.
Grupo Pisa confirmó que la paquete corresponde a una adjudicación que se tenía con el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS para ordenar este servicio, aunque aclaró “las autoridades consideraron que dicha información no respaldaba plenamente la oferta, teniendo como consecuencia la sanción consistente en la inhabilitación”.
“En Grupo Pisa somos respetuosos de las normas y disposiciones que emita el Gobierno Federal, al respecto, confiamos en las Instituciones que hacen valer la Justicia y el Estado de Derecho”, agregó.
La paquete impuesta por la SFP deriva de un procedimiento oficial iniciado desde 2017, a raíz de una denuncia presentada por otra empresa del sector vigor en presencia de el Víscera Interno de Control en el IMSS, y luego de una serie de amparos promovidos por la propia farmacéutica.
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