Golpes y hambre, único tratamiento en centros de rehabilitación

El sueño de Isaac Barrera se interrumpió una mañana de agosto de 2017, cuando un par de sujetos entraron a su cuarto, le ataron las manos y lo subieron a un vehículo. Enseguida le colocaron una manta en la cabeza y lo acostaron en el piso. Minutos después, llegó a Casa de Recuperación para Alcoholismo y Drogadicción Carrasco, A.C., un centro de atención contra las adicciones al sur de la Ciudad de México. Su familia lo internó para rehabilitarse en su consumo de cocaína, marihuana y activo (inhalables). No fue así.

El único tratamiento que recibió fue humillaciones, golpes, hambre. Otros internos intentaron abusar sexualmente del joven de 18 años de edad. La historia de Ignacio Camarena es similar, en octubre de 2020 escapó, con otros usuarios, de Unidos por la Gratitud A.C., en la alcaldía Álvaro Obregón, por la desesperación del maltrato y llevar mes y medio internado por su alcoholismo. Todos los días comía chicharrón rancio. Ante la crisis sanitaria por el Covid-19, vivía hacinado y sin las mínimas medidas de higiene. Los baños no tenían agua, la suciedad predominaba en el lugar y pasó 15 días sin bañarse.

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Sus testimonios se suman las experiencias de otros usuarios de distintos centros y clínicas de rehabilitación (algunos conocidos como anexos o granjas) contra las adicciones en México. La falta de supervisiones sorpresa y certificaciones provocan que en estos centros exista hacinamiento, maltrato y violaciones a derechos humanos, de acuerdo testimonios de internos y familiares, investigadores y recomendaciones de comisiones de Derechos Humanos consultados por El Sol de México.

Una fue en casa Nueva Jerusalén (para mujeres): “La usuaria Miriam “N” refiere ser violentada física, verbal y psicológicamente por la encargada del centro. Por las noches ha sido amarrada a una silla (…) muestra posibles indicadores de violencia física”, señala la recomendación 05/2019 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes

La permanencia de estos lugares en el país, responde a factores como la oferta y demanda de centros de apoyo contra adicciones; la imposibilidad de los familiares para costear servicios de rehabilitación privados de mayor costo y la insuficiencia de centros de salud para atender a los enfermos, señala Carla Fernández de la Fuente especialista en adicciones y cofundadora de Mentes Hábiles.

Hasta la fecha se desconoce si existe un incremento en el uso de drogas y alcohol. Sin embargo, la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016 – 2017, destacó que el consumo de drogas, drogas ilegales y de mariguana alguna vez en la vida aumentó México entre el 2011 y 2016 de 7.8, 7.2, y 6 por ciento a 10.3, 9.9 y 8.6 por ciento, respectivamente, en la población total del país de 12 a 65 años de edad.

“Lo que ha ayudado a su crecimiento es la omisión del Estado, como tal debería ofrecer el derecho a la salud de las personas en México… Hay mucha demanda de gente que requiere ayuda y sobretodo, de personas que encierran a sus familiares porque ya no los soportan y por eso mismo la demanda es altísima”, explica Carlos Zamudio Angles investigador e integrante del Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas, A. C. (CUPIHD).

El “Estudio sobre la experiencia de hombres atendidos en centros residenciales de ayuda mutua para la atención de las adicciones”, señala que existen dos tipos principales de centros residenciales.

Uno definido como “light”, caracterizado por la estancia voluntaria, mejor uso de servicios y la evitación de la violencia como medio de control. Y otro “fuera de serie”, donde hay un constante abuso físico y psicológico; las condiciones al interior son precarias y es común que exista una falta de estructura en las actividades cotidianas.

Sin un constante monitoreo de centros

La desesperación de Norma Aguilar, en 2015, llevó a internar a su hijo, de quien omite su nombre, en Casa Carrasco. Consumía piedra, cocaína, probó el éxtasis y los ácidos. “La piedra fue lo que lo desquicio, le provoca brotes psicóticos”, cuenta.

Ahora se arrepiente: “lo golpearon. Hubo un intento de violación. También lo metieron amarrado en una tabla bajo la cama, con calcetines en la boca cuando hubo una visita del IAPA (…) Es un centro disque de rehabilitación pero lo único que hacen es perturbar más a los internos.” Denunció en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) pero no hicieron nada.

Ignacio Camarena, de alrededor de 40 años de edad, quien pide cambiar su nombre ante el temor de represalias, platica que debido a su enfermedad su familia lo ha internado en varios de estos centros. También estuvo en “Casa de Recuperación Volver a la Vida 3” y los golpes eran un método común. Nunca hubo rehabilitación. Al salir dijo que los denunciaría, pero lo amenazaron.

El directorio de “Establecimientos Residenciales de Atención a las Adicciones Reconocidos” muestra un registro de 302 a nivel nacional y sus tratamientos van con tarifas de costos gratuitos hasta los que alcanzan los 180 mil pesos, de acuerdo con el portal de Datos Abiertos de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) al tercer trimestre de 2020.

Volver a la Vida 3, al igual que Casa Carrasco y Unidos por la Gratitud, aparecen en el registro de los 213 Centros de Atención de Adicciones que supuestamente cumplen con la normatividad aplicable al 31 de agosto de 2020, del IAPA de la Ciudad de México.

Ante los señalamientos de abusos, José Luis Hernández Laguna, director de la Casa de Recuperación para Alcoholismo y Drogadicción Carrasco, explica que ellos están avalados por el IAPA y cumplen con la normatividad. Que si hay denuncias se presenten en el Ministerio Público. Además, dice, cuentan con personal capacitado: “Somos consejeros en adicciones, tengo 20 años de hacer este trabajo (…) Esto no es una cárcel”.

La NOM-028-SSA2-2009, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, establece los procedimientos y criterios para la atención integral para los prestadores de servicios en los establecimientos de los sectores público, social y privado que realicen actividades preventivas, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, reducción del daño, investigación, capacitación y enseñanza o de control de las adicciones.

Hay mucha demanda de gente que requiere ayuda y sobretodo, de personas que encierran a sus familiares porque ya no los soportanCarlos Zamudio / Por una Política Integral Hacia las Drogas, A. C.

Sin embargo, en varios no se cumple con la debida supervisión y certificación adecuada, pues no existe un monitoreo constante de los centros; las visitas que se dan son programadas, no sorpresivas, y, los encargados muestran un lugar que aparentemente está en orden y funcionando con las medidas requeridas.

Patricia, una sicóloga en adicciones, que pide omitir sus apellidos, ha laborado en varios de estos centros. Platica que entre los requisitos es que cuenten con un médico, psicólogo y psiquiatra. En su caso la atención que había a los usuarios sólo era una vez a la semana y se dio cuenta que varios eran amenazados para que no contaran las condiciones de maltrato.

“Aun cuando los centros están registrados, muchos de ellos no son monitoreados por el gobierno”, destaca el informe “Ni socorro, ni salud: Abusos en vez de rehabilitación para usuarios de drogas en América Latina y el Caribe”, respecto a México, de Open Society Foundations.

Además, señala que estos alojamientos se distinguen por su sobrepoblación, golpes, castigos, humillaciones físicas y emocionales, falta de privacidad, comida rancia, el síndrome de abstinencia sin medicamentos, muchos son llevados en contra de su voluntad y no se cuenta con personal capacitado.

Un total de 60 mil 582 personas acudieron a mil 125 centros de tratamiento y rehabilitación no gubernamentales en 281 ciudades de los 32 estados del país durante 2016, según datos de la ENCODAT. La edad media de las personas de quienes acudieron fue de 31 años (89% del sexo masculino). El 47% lo hizo voluntariamente y el 44% fue llevado por amigos o familiares.

Fernández de la Fuente explica: “Es común que el personal que labora no cuente con un adiestramiento especializado, que le permita llevar a cabo una evaluación sistemática de sus procedimientos y resultados. (…) Esto tiene graves implicaciones en la calidad del individuo, traduciéndose en un mayor índice de recaídas, ingresos y reingresos, así como un incremento en las conductas de riesgo y deterioro biopsicosocial”.

El tratamiento adecuado, dice, debe ser mediante una atención especializada de un psiquiatra con especialidad en adicciones; atención psicológica con terapia grupal para cambiar conductas y aprender a vivir sin sustancias, lo mismo que terapia familiar, que sirva para apoyar a los enfermos.

El especialista del CUPIHD, subraya que desde los años ochenta, cuando se abrieron los primeros grupos de Alcohólicos Anónimos (AA), y luego en el 2000, con el boom de estos centros de rehabilitación, no ha habido una supervisión y profesionalización: “Con Felipe Calderón empezaron a querer involucrarlos… y como no cumplen las normas del Estado muchos de ellos prefieren mantenerse al margen de la ley. En ese sentido, la Conadic y los centros estatales contra las adicciones prefieren hacerse de la vista gorda y no realizar acciones en contra de estas personas”.

En el tema de recuperación, Zamudio Angles explica que el gobierno debe dar más y mejores tratamientos, que se pueda competir con estos otros servicios “porque tampoco va a servir de nada cerrar todos los centros como en el momento se planteó. ¿Adónde va a ir toda esa gente? Pues no tienen lugar. Entonces lo que tiene que haber es un proceso gradual, en el cual el Estado pueda ir, si no ofreciendo clínicas públicas, cuando menos sí clínicas particulares que sean certificadas y supervisadas, y que no solamente se cumpla (la normativa) de dientes para afuera”.