Gabriel Boric, José Antonio Kast

El Congreso de Chile ha dado luz verde a una ley que busca agilizar las expulsiones de inmigrantes irregulares en el país. Esta medida incluye la capacidad de la policía para ingresar a un domicilio con orden judicial para aprehender a personas con órdenes de salida del país.

El proyecto original fue presentado por el exmandatario Gabriel Boric en 2024, pero fue reimpulsado por la administración del presidente José Antonio Kast, quien ganó el poder en marzo. Kast había hecho campaña con la promesa de expulsar a más de 330,000 migrantes en situación irregular que se estima viven en Chile.

La nueva ley permitirá a las autoridades solicitar información de organismos públicos sobre personas indocumentadas para notificarles sobre sus órdenes de expulsión. Además, la policía podrá solicitar una orden judicial para ingresar a un domicilio con el fin de aprehender a alguien que tenga una orden de expulsión del país.

La iniciativa también modifica los plazos mínimos de prohibición de ingreso al país en casos específicos, elevándolos de tres a cinco años. Además, se establecen mecanismos para la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular que se enfrenten a determinados procesos penales, siempre y cuando exista autorización del tribunal.

La aprobación de esta ley es un paso importante en la implementación de las medidas prometidas por el presidente Kast. Sin embargo, su efectividad y impacto en la población migrante irreglar en Chile seguirán siendo temas de debate en los próximos días.

La política migratoria del gobierno de Chile ha sido objeto de críticas en los últimos meses, especialmente en lo que respecta a su efectividad en combatir la inmigración irregular. Aunque el presidente Kast ha reafirmado su compromiso con esta causa, los resultados hasta ahora obtenidos han sido limitados.

En los primeros seis meses de su mandato, solo se han expulsado a unas 1,800 personas, principalmente de nacionalidad colombiana, peruana, ecuatoriana y boliviana. Sin embargo, la mayoría de los indocumentados que se encuentran en Chile provienen de Venezuela, lo que ha sido un obstáculo para la política migratoria del gobierno.

El proyecto de ley presentado por el presidente Kast en el Congreso busca tipificar la migración irregular como delito, pero su aprobación aún no está asegurada. Si se aprueba, esto podría tener importantes implicaciones para los ciudadanos venezolanos que siguen siendo expulsados del país pese al acercamiento diplomático entre Chile y Venezuela en julio pasado.