Fiscalizan a funcionaria estatal por presuntos vínculos con crimen organizado en Oaxaca

Una funcionaria estatal de 23 años en Oaxaca ha sido señalada por amenazar a una diputada federal y presumir vínculos con el crimen organizado.

La legisladora Aracely Cruz Jiménez del Partido del Trabajo solicitó medidas de protección después de sostener encuentros con Lucía Jazmín Torres Castillo, encargada de despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal de Oaxaca. Según la diputada, Torres Castillo hizo señalamientos sobre vínculos de su familia con el crimen organizado.

Cruz Jiménez narró que las intimidaciones surgieron durante reuniones sostenidas entre julio y noviembre en las que acompañó a autoridades electas de San Juan Mazatlán. A pesar de contar con una resolución favorable del Tribunal Electoral, estas autoridades no han sido acreditadas por las autoridades estatales.

Durante dos encuentros específicos, la diputada sostuvo reuniones con Torres Castillo, quien supuestamente informó que era hija de alguien vinculado extraoficialmente al crimen de una activista mixe y su esposo.

Durante una reunión posterior, en la que Torres Castillo representaba al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, Arecely Cruz denunció haber sido intimidada por la funcionaria. Según sus declaraciones, la funcionaria negó a las autoridades de San Juan Mazatlán su triunfo en las urnas y repitió la misma historia sobre el supuesto encuentro entre su padre y el líder del crimen organizado.

Cruz afirmó que la función de Torres Castillo como representante del secretario de Gobierno fue "una farsa", ya que no había ninguna autoridad presente para acompañarla en el encuentro. Esto hizo que la funcionaria se sintiera más cómoda para hacer declaraciones falsas, según las acusaciones.

Arecely Cruz también mencionó que Torres Castillo le habría contado que su mamá tenía cámaras de seguridad en la casa y que incluso había tomado fotografías del supuesto encuentro entre su padre y el líder del crimen organizado. Esto parece confirmar que la familia de Torres Castillo tiene una conexión con actividades ilícitas.

Las autoridades han recibido estos testimonios y están investigando las acusaciones. Se espera que Arecely Cruz presente audios a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que podría ser un paso importante en la investigación sobre las supuestas conexiones entre Torres Castillo y el crimen organizado.

La versión de Aracely Cruz Jiménez sobre el lugar de la reunión cambió significativamente entre su primera y segunda declaración. En su primer testimonio, afirmó que la reunión había tenido lugar en su propia casa, y que poseía pruebas fotográficas como evidencia.

En contraste, en su segundo testimonio, Cruz Jiménez sostuvo que la reunión se había llevado a cabo en la residencia del líder de un grupo criminal organizado en Yaveo. Además, manifestó que su hermana poseía fotografías y pruebas relacionadas con estos eventos.

Ante esta situación, Aracely Cruz Jiménez expresó sus preocupaciones por la seguridad de quienes se suman a causas sociales y defienden los derechos de las comunidades indígenas. Manifestó sentirse sin garantías efectivas de protección a pesar de haber solicitado apoyo tanto de la Guardia Nacional como de diversas autoridades federales.

Cruz Jiménez expresó su deseo de evitar convertirse en un número más y ser asesinada, por lo que decidió denunciar los hechos. Declaró que enviará las grabaciones y los elementos de evidencia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, solicitando la intervención del secretario Omar García Harfuch para garantizar su seguridad y la de su equipo y familiares.

Se desconoce por qué el nombramiento de Lucía Jazmín Torres Castillo como encargada de despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal del Gobierno de Oaxaca ha sido tan controvertido. Sin embargo, el hecho ha generado cuestionamientos sobre los criterios utilizados por la administración del gobernador Salomón Jara para seleccionar a sus funcionarios.

La controversia en torno a la funcionaria se centra en su corta trayectoria profesional. Solo unos meses después de obtener su cédula profesional en mayo de 2026, asumió el cargo, lo que ha generado críticas por su falta de experiencia documentada en la administración pública.

La remuneración reportada de 43 mil pesos mensuales también ha intensificado el debate sobre su designación. La función requiere capacidad de negociación política, atención de conflictos y coordinación con los municipios, habilidades que no se pueden asumir como automáticas por una persona sin experiencia en la administración pública.