Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas concluyeron ayer, tras cinco horas, el segundo día de trabajos en el ejido La Bartolina, el campo de exterminio más grande del país, en donde buscaban indicios sobre 220 víctimas de las que no se tienen noticias desde hace algunos años.
Las activistas anunciaron que viajarán a la Ciudad de México donde realizarán un plantón en Palacio Nacional y en la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) a la que exigen presencia permanente de equipos forenses en La Bartolina.
“La demanda es que se procese el predio exhaustivamente e indefinidamente, no otros, nada más ese predio”, enfatizó Delia Quiroa, vocera del colectivo Diez de Marzo que busca a su hermano Roberto, quien desapareció en 2014 en Reynosa.
Los trabajos en el ejido La Bartolina dieron como resultado el hallazgo de un par de restos óseos humanos, 10 zapatos y un casquillo de bala, los cuales serán pre-sentados ante un juez de control para -que se inicien las carpetas de investigación correspondiente o se anexen a las que ya están en curso, una vez que se identifique su origen.
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Delia Quiroa explicó que durante el recorrido no se hizo el levantamiento de ningún objeto, ya que no había peritos en el punto, sólo se tomaron fotos y los policías estatales que los acompañaron señalaron el lugar donde fueron encontrados.
“Vinimos a confirmar lo que ya sabemos, que el predio no cumple con las medidas que debe presentar, no tiene vigilancia las 24 horas, la zona tiene evidencias a los alrededores de que puede haber más personas, es lo que queríamos corroborar”, detalló.
Agregó que dentro del recorrido se respetó la zona acordonada con una cinta plástica colocada por personal de la FGR. “Nosotras somos víctimas, tenemos una carpeta ligada al caso, tenemos derecho y nadie de los que acudimos violó el acordonamiento”, sostuvo.
La activista señaló que en el norte de Tamaulipas tienen documentados cinco puntos considerados como campos de exterminio de los cárteles, dos en el municipio de Matamoros y tres más en Reynosa.
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Sobre las 220 personas que son buscadas por los 10 colectivos que participaron en los trabajos en La Bartolina, señaló que 215 cuentan ya con una carpeta de investigación y que los casos de los cinco restantes no han sido llevados ante las autoridades por temor a represalias, ya que son personas originarias de Matamoros.
Señaló que las autoridades actúan con opacidad y lentitud como ocurrió en el cementerio forense de Miguel Alemán, donde de 367 cuerpos exhumados sólo se identificaron 17.
“La Fiscalía hace algo que es discriminatorio, asignan un colectivo o dos a un predio y sólo permiten la entrada y la información a ciertas personas. Debe ser más incluyente porque cualquiera de nuestros familiares puede estar en esos lugares con fosas o campos de exterminio”, afirmó.
Los representantes de los colectivos reclamaron al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sensibilidad y atención para las víctimas porque “tiene a los familiares de los desaparecidos muy abandonados y la Comisión Estatal de Víctimas no está haciendo su trabajo, no les está dando el apoyo psicológico al que tienen derecho”. También le exigieron brindar seguridad para que las personas que tienen un familiar desaparecido puedan denunciar sin temor a represalias.
Delia Quiroa apuntó que las víctimas no están exigiendo reparaciones económicas, solamente saber qué pasó y dónde están sus familiares.
BUSCA A SIETE FAMILIARES
Martha, una mujer de 60 años, llegó a La Bartolina a buscar indicios de siete familiares desaparecidos.
En el 2013, la mujer conoció por primera vez el dolor de perder a un hijo, sólo supo que se lo habían llevado y hasta la fecha no lo ha vuelto a ver.
El 5 de noviembre del 2014 un comando armado irrumpió en el domicilio de otro de sus hijos en el municipio fronterizo de Reynosa. Los hombres se llevaron a una familia completa, incluidos tres menores.
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“Se los llevaron, los secuestraron el 5 noviembre del 2014. Se llevaron a todos, hay testigos que vieron como gritaban los niños , tres adultos y tres niños, al otro se lo llevaron un año antes”, recordó la mujer quien recorrió La Bartolina en estos últimos días.
Arturo, Javier, Rogelio, Adrián y Adriancito son algunos nombres de las personas que busca y que apenas alcanzó a decir antes de que la atrapara el llanto.
“Yo hablé todavía en la noche con mi hijo, ellos planeaban irse a la plaza o al cine”, apuntó la madre.
La mujer, originaria de una zona rural cercana a Cazones, Veracruz y que lleva más de 30 años radicando en Reynosa, denunció los hechos y pese a que el delito ocurrió hace siete años apenas a finales del 2020 logró recibir apoyo económico como víctima.
Su dolor la llevó a convertirse en buscadora, aunque eso la llevó a distanciarse de los dos hijos que le quedan.
“Me querían mandar para Estados Unidos y no me voy porque yo presiento que ellos van a volver a donde me dejaron, ahí me van a encontrar”.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación.
