Especialistas en derecho constitucional coincidieron en que los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) para implementar la paridad de género en las candidaturas para las 15 entidades en las que se renovará la gubernatura en 2021 es total y absolutamente legal por lo que los partidos políticos deben cumplirlos.
Al participar en el Diálogo por la Paridad, organizado por Red de Mujeres en Plural, Patricia Olamendi, consultora internacional de ONU Mujeres, consideró que las impugnaciones solo demuestran una actitud “misógina y machista” que ni siquiera debería ser debatida, ya que la Constitución Mexica es lo suficientemente clara para aplicar los criterios del órgano electoral.
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En su intervención, Carmen Alanís, expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que las candidaturas paritarias están garantizadas desde la reforma de 2014, pero además cuentan con una interpretación de la Suprema Corte de Justicia de este año, que obliga la paridad en “todos los cargos uninominales”.
“Esto garantizó la paridad horizontal en presidencias municipales, pero se especifica que será así en todos los cargos uninominales, incluidas gubernaturas, es un criterio que empata a todos los estados y todos los cargos de elección”, señaló.
Por su parte, Mariana Benítez, abogada litigante en materia constitucional y exdiputada federal, afirmó que el acuerdo del INE en materia de paridad, “nació de hacer valer la Constitución”.
“En el ejercicio de la facultad que la propia Constitución le confiere, el INE reglamenta el actuar de los partidos en las candidaturas, los argumentos del Senado y del PAN para impugnar este acuerdo son endebles, el artículo 41 de la Constitución dice que se respeta la paridad y punto, no impone limitaciones a este derecho”, destacó.
En tanto, José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, expresó que en el tema se está “ante un falso dilema y un falso problema”, pues se debe aplicar lo que ya señala la Constitución en materia de paridad de género y el Congreso ya debió legislar al respecto, según lo descrito en los artículos transitorios del decreto de 2019.
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