Durante las últimas 48 horas, el Gobierno de México ha estado inmerso en intensas negociaciones para impulsar el plan B de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este nuevo intento surge tras el naufragio de la primera iniciativa, que no logró el respaldo necesario en la Cámara de Diputados. Ahora, líderes de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo se han reunido en la Secretaría de Gobernación, un espacio donde previamente se habían dado los primeros pasos para una reforma que había quedado en el limbo.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha sido la convocadora de estos encuentros, instando a los equipos a desarrollar una propuesta que se presentará al Congreso la próxima semana. La presidenta Sheinbaum ha enfatizado que un nuevo fracaso podría debilitar la coalición oficialista, lo que añade presión al proceso.
Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, ha calificado el proceso como un esfuerzo por construir consensos que no solo sostengan el plan B, sino que también mantengan vivas las alianzas rumbo a las elecciones de 2027 y 2030. Este enfoque se refleja en la realización de varias reuniones, llevadas a cabo de manera separada con cada partido, para afinar los detalles de la propuesta.
El encuentro que tuvo lugar el jueves en la Secretaría de Gobernación se originó tras la fallida votación del miércoles en la Cámara. Fue aquí donde Sheinbaum reiteró su compromiso de acabar con los privilegios de la clase política, un mensaje que resuena profundamente en su partido.
La presidenta también delineó las características esenciales del plan B: limitar el presupuesto para los 32 Congresos estatales, establecer un número máximo de regidores en los ayuntamientos, fomentar la consulta popular en temas electorales y ajustar los salarios máximos de los funcionarios electorales. Se espera con estos cambios generar ahorros significativos, estimados en 4.000 millones de pesos.
La negociación actual es crucial y se centra en la elaboración de una nueva redacción para los artículos que se pretenden reformar, lo que requiere no solo la colaboración de los diputados, sino también los insumos de cada partido. Monreal ha subrayado que la urgencia es culminar estas negociaciones lo antes posible, para poder presentar la iniciativa el lunes, tal como lo ha solicitado Sheinbaum.
Cabe destacar que la reforma electoral no incluirá la elección judicial, prevista para 2027. Sin embargo, se contempla la posibilidad de retrasar esta elección y presentar una iniciativa separada para abordar el tema, una decisión que también será discutida con el Instituto Nacional Electoral debido a las complicaciones logísticas y económicas que podría traer realizar ambas elecciones al mismo tiempo en ese año.
Con estos movimientos, el gobierno mexicano busca consolidar no solo su agenda legislativa, sino también la estabilidad de su coalición, un aspecto crucial a medida que se acercan los comicios del 2027.
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