El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este martes el acuerdo por el que se reforma el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), el cual contempla eliminar los estímulos para investigadores de instituciones privadas.
Las modificaciones al Reglamento, realizadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ya habían sido aprobadas por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), a pesar de la oposición de los investigadores.
El nuevo reglamento destaca la eliminación de los estímulos para investigadores de instituciones privadas, lo que dejaría sin el apoyo económico a mil 632 científicos de instituciones de educación superior privadas a partir del próximo año, lo que representa el 4.9 por ciento del total de los integrantes del SNI del país, que es de 33 mil 165.
“El objetivo general del SNI es desarrollar y fortalecer la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación con rigor epistemológico, en favor de la libertad de investigación y de cátedra, así como de la autonomía de las instituciones públicas de educación superior autónomas por ley, mediante la distinción y, en su caso, apoyo a las investigadoras y los investigadores que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la comunidad humanística, científica, tecnológica y de innovación, y al acceso universal al conocimiento y sus beneficios sociales, así como al avance del conocimiento universal mediante el impulso a la investigación de frontera y la ciencia básica en alguna de las áreas del conocimiento, al desarrollo de tecnologías estratégicas de vanguardia e innovación abierta para la transformación social, o a la atención de problemas nacionales, preferentemente en el marco de los Programas Nacionales Estratégicos que impulsa el Conacyt para promover el ejercicio efectivo del derecho humano a la ciencia, en particular el acceso universal al conocimiento y sus beneficios sociales”, señala el acuerdo.
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En varias ocasiones, la Conamer pidió una explicación al Conacyt sobre la eliminación del apoyo económico a los integrantes del SNI en instituciones de educación superior privadas, a lo que el Consejo argumentó ahorros.
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