Cualquier viajero que hoy en día arribe al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se enfrenta a un escenario que deja mucho que desear: caos, desorden, y una notable falta de limpieza y mantenimiento. La situación se complica aún más ante la deficiente conectividad con la ciudad, creando un entorno que no solo es incómodo, sino también peligroso. La reciente adecuación del AICM ha sido un mero maquillaje, incapaz de abordar los problemas estructurales que amenazan con llevar al sistema aéreo al borde del colapso.
Tanto el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como el AICM, por sí solos o en conjunto, no tienen la capacidad para resolver la creciente saturación del tráfico aéreo. La cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco ha dejado a la ciudad con pocas opciones y, a pesar de las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, es innegable que el tema requiere atención inmediata. No se trata de lamentarnos por decisiones anteriores, sino de mirar hacia el futuro y preguntarle a la presidenta qué planea hacer para evitar el inminente colapso aéreo de la metrópoli.
El AICM y el AIFA no cuentan con la infraestructura necesaria para expandir sus operaciones, lo que plantea un problema crítico que ha sido ignorado tanto por el gobierno como por el sector privado. Un primer paso para abordar la gravedad de esta situación sería la creación de un grupo de análisis que integre a ambos sectores, apoyándose en consultorías externas que puedan aportar una perspectiva fresca y experta, como la experiencia de China en la construcción de aeropuertos.
Dada la magnitud financiera del proyecto, una inversión público-privada parece ser el camino más viable. Los esquemas anteriores de PIDIREGAS, así como la posibilidad de concesiones privadas, podrían dar paso a un desarrollo más eficiente. En este contexto, vale la pena mencionar el “Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030”, que contempla una inversión total de 5.6 billones de pesos distribuidos en ocho sectores. Sin embargo, la inversión aeroportuaria es relegada a un mínimo 0.04%, lo que refleja claramente que un nuevo aeropuerto no está en las prioridades gubernamentales.
Adicionalmente, la aprobación reciente de la nueva ley de Fomento a la Inversión en Infraestructura Estratégica busca consolidar las normativas que regulan las inversiones en esta área. Aunque es un avance, aún requiere la incorporación del sector privado y un enfoque urgente en proyectos estratégicos, como sería un nuevo aeropuerto que satisfaga las crecientes demandas de la ciudad.
El debate sobre la infraestructura aeroportuaria de la Ciudad de México necesita ser abierto y prioritario. Las empresas del sector y sus representantes deben ejercer presión para validar este asunto como esencial, no solo desde una perspectiva política, sino como una necesidad técnica y de compromiso a largo plazo. Para el año 2032, un nuevo aeropuerto debería estar operativo, o de lo contrario, nos enfrentaremos a un colapso inevitable que será perjudicial no solo para la aviación, sino para el crecimiento económico de la región.
En este sentido, es crucial alzar la voz y buscar soluciones efectivas antes de que sea demasiado tarde. La situación actual no puede convertirse en la norma; requiere un enfoque proactivo y colaborativo entre el gobierno y el sector privado para transformar la infraestructura aérea de la ciudad en una que realmente impulse su potencial económico.
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