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Uno de los proyectos estrella de Giorgia Meloni, y casi el único, el polémico gran puente colgante de más de tres kilómetros que uniría Sicilia con la península en el estrecho de Messina, acaba de ser paralizado este miércoles por el Tribunal de Cuentas italiano, que ha dado un parecer negativo al plan aprobado por el Gobierno italiano en agosto. Las motivaciones de esta decisión se conocerán en las próximas semanas ―el tribunal tiene un mes para presentarlas― pero la severa relación presentada este miércoles por por la magistrada encargada de evaluar el plan ya ha dejado claro que se cuestionaban varios puntos de todo el procedimiento.
El parecer de este organismo no es vinculante, pero sí muy importante y no se suele desoír, mucho menos en un proyecto de esta envergadura, con un coste de 13.500 millones de euros. Ahora el Gobierno puede tirar por la calle de en medio, una decisión arriesgada y que abre la puerta a futuros pleitos, o retirar el proyecto, de gran potencia simbólica porque acabaría con el aislamiento de Sicilia pero criticado por su coste y su impacto ambiental. Sus detractores también señalan que el estrecho de Messina es una zona de alto riesgo sísmico y con fuertes corrientes.
Desde luego tanto Meloni como el ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, que lleva todo el verano diciendo que las obras empezarían este mes, se han enfurecido. La primera ministra ha reaccionado, como en otras ocasiones en que los tribunales le han parado los pies ―por ejemplo, con las deportaciones de migrantes a Albania―, atribuyéndolo a una conspiración: “Es el enésimo acto de una invasión de los jueces en las decisiones del Gobierno y del Parlamento”. También Salvini, que ha dicho que seguirá adelante, ha declarado que es un “grave daño” para informacion.center y le parece una “decisión política más que un sereno juicio técnico”.
No obstante, las opiniones de la magistrada Carmela Mirabella al presentar la relación en el tribunal, que luego ha aprobado el rechazo al plan, se antojaban bastante meditadas. La documentación entregada es “insuficiente y, en algunos casos, errada”, ha dicho. Además el plan fue aprobado por el Gobierno como “obra urgente y necesaria para el Estado”, lo que hizo saltar normas ambientales, y una curiosidad: no lleva firma. Por otro lado, el tribunal reprocha que se ha rescatado el viejo contrato adjudicado en la época de Silvio Berlusconi, en 2006, con un coste entonces de 3.880 millones de euros que obviamente se ha encarecido mucho más en estos años, algo que podría infringir la normativa europea. El plan fue adjudicado al consorcio Eurolink, liderado por la italiana Webuild, en la que la firma española Sacyr posee un 22,4%.
Sin embargo, para Meloni es un golpe bajo y es en estos lances donde saca su cara más populista. De hecho, ha hablado del rechazo al plan, no como si fuera una decisión judicial más, sino como si se tratara de un nuevo golpe intencionado en el choque que mantiene desde hace meses con la magistratura. Los jueces son el objetivo de una polémica reforma de la justicia que, precisamente, se aprobará definitivamente mañana jueves en el Senado. Además, Meloni también prevé reformar el propio Tribunal de Cuentas. Estas medidas, ha advertido, “son la respuesta más adecuada a una intolerable invasión que no detendrá la acción del Gobierno”. En todo caso, la reforma de la justicia, que prevé una separación de las carreras de jueces y fiscales, debe pasar luego por un referéndum en primavera.
Pero de momento el megapuente encuentra otro obstáculo más en su tortuosa historia. Se lleva hablando de él como fantasía desde la época de los romanos, se retomó en el siglo XIX, Berlusconi se empeñó en hacerlo sin llegar a conseguirlo y fue metido en un cajón en 2012, en plena crisis económica, por el Gobierno técnico de Mario Monti. Meloni, vencedora de las elecciones en 2022, volvió a sacarlo a la luz, pero de momento seguirá estando construido solo sobre el papel.
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