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El Tribunal Supremo de EE UU, de mayoría conservadora, ha permitido este miércoles al presidente Donald Trump purgar a los tres miembros demócratas de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, una agencia independiente integrada por cinco personas. Esta comisión reguladora, creada por el Congreso en 1972, vela por la seguridad de productos de consumo como juguetes, aparatos electrónicos o cunas, entre otros muchos; establece estándares de seguridad y decide la retirada de productos peligrosos. La decisión del Supremo multiplica el poder de Trump sobre agencias federales creadas por el Congreso para ser independientes de la presidencia y el poder político.
Los seis jueces conservadores del Supremo, de nueve miembros, han aprobado la solicitud de urgencia del Departamento de Justicia que pedía levantar el bloqueo a la purga impuesto por una instancia inferior el mes pasado. Los tres miembros demócratas de la Comisión de Seguridad del Consumo, una instancia no tan mediática pero de capital importancia para defender al ciudadano frente a los excesos del mercado, habían sido designados por el presidente demócrata Joe Biden.
Tras recibir la orden de despido, en mayo, los tres funcionarios atribuyeron la purga al hecho de haber intentado detener la importación de baterías de iones de litio con defectos de fabricación —la explosión de ese tipo de baterías defectuosas no es algo infrecuente en EE UU—, así como por oponerse a los recortes de personal que ha emprendido la Administración republicana, con decenas de miles de puestos de trabajo en juego. A los tres se les prohibió entonces entrar a sus despachos sin escolta y utilizar el sistema informático de la agencia. Un mes después, el juez del Tribunal Federal de Distrito de Maryland, designado asimismo por Biden, ordenó su readmisión basándose en un precedente del Supremo de 1935 que prohibía los despidos. Hasta que el Supremo, por la vía de urgencia, ha revocado ahora la orden del juez federal.
En una orden no firmada, como es habitual en los procedimientos de emergencia, pero que contó con la oposición de sus tres miembros liberales, el Supremo recurrió al mismo argumento con el que hace dos semanas dio luz verde al despido masivo de empleados federales o al deseo de Trump de terminar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento (ius soli): que la Administración “probablemente demostraría” que el presidente está autorizado por el Congreso para destituir a los miembros de la agencia.
La orden del tribunal es la última de una serie de sentencias urgentes sobre el alcance del poder del presidente sobre las agencias independientes. En una serie de fallos que se han sucedido desde el arranque del segundo mandato de Trump, el Supremo se ha alineado casi sin excepción con los planes del mandatario, dándole un amplio margen de maniobra para ejercer mayor control sobre el poder ejecutivo.
Con esta decisión, la Corte socava aún más un precedente de 90 años que ha permitido al Congreso proteger de la injerencia política a los líderes de agencias independientes al dificultar su despido. En respuesta a otras solicitudes de emergencia presentadas por la Casa Blanca, el Tribunal ha permitido también al presidente la destitución de los responsables de otras dos agencias, los de la Junta de Protección de Sistemas de Mérito y la importante Junta Nacional de Relaciones Laborales, con capacidad de arbitraje en contenciosos y conflictos sindicales.
El Supremo ha establecido que Trump puede destituir a los funcionarios “porque la Constitución confiere el poder ejecutivo al presidente”. En cuanto a la junta de seguridad de productos, aunque una ley federal permite despedir a sus miembros sólo por “negligencia en el cumplimiento del deber o mala praxis”, el mandatario no ha dado razones para la purga. Sí manifestó que los límites del Congreso a su capacidad para despedir o destituir a los responsables de agencias independientes son un control inconstitucional de su poder para controlar al Ejecutivo.
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