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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha promulgado un decreto supremo que le permite gobernar a distancia en caso de que se encuentre fuera del país utilizando medios digitales de comunicación. La normativa cuestiona el artículo 169 de la constitución política del país, que estipula que la Presidencia debe recaer en el vicepresidente en caso de ausencia temporal del jefe de Estado por un periodo de hasta 90 días. Se trata de una medida preventiva de Paz, en un contexto de ruptura con su vicepresidente —declarado en oposición—, Edmand Lara, y que se produce en vísperas de que el mandatario abandone temporalmente su cargo para participar en el próximo Foro Económico Mundial, que se llevará a cabo del 19 al 23 de enero en Davos, Suiza.
El documento fue firmado el 29 de diciembre, pero se difundió durante el feriado del 1 de enero, por lo que hasta ahora Lara no se ha pronunciado y Paz tampoco ha brindado una explicación pública. Quien sí lo hizo fue el partido Libre, de derecha liberal y segunda mayor fuerza del Parlamento, a través de su senador Leonardo Roca: “Las diferencias políticas o tensiones internas con el vicepresidente no se pueden resolver mediante decretos”. El presidente ha eludido responder a las críticas de Lara, quien lo ha calificado de mentiroso, corrupto y títere, en un enfrentamiento que comenzó prácticamente desde que ambos asumieron el Gobierno el pasado 8 de noviembre.
En una de las pocas indirectas que Paz lanzó a su antiguo binomio, aseguró en un acto oficial: “Yo no hago tiktoks, yo actúo”, en referencia a la red social que su ahora contrincante utiliza como principal medio para proyectarse públicamente. Los contraataques del presidente han sido más bien administrativos: el 18 de noviembre firmó otro decreto para crear el viceministerio de Coordinación Política y Legislativa, asignándole funciones que originalmente eran competencia de la vicepresidencia.
El nuevo texto legal también recorta el margen de acción de Lara al establecer que, en caso de que el presidente no tenga acceso a medios tecnológicos durante su ausencia, “deberá comunicar de forma expresa, escrita y con fechas precisas al vicepresidente las acciones que podrá ejecutar durante la suplencia temporal”. La polémica surge en medio de un cruce de acusaciones entre Lara y el viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano. Este último afirmó que el vicepresidente solicitó puestos de trabajo para familiares y amigos en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). El político, conocido como capitán Lara por su pasado en la Policía, respondió acusándolo de recibir dinero de organizaciones criminales.
Justiniano no es el primer miembro del Ejecutivo con el que choca Lara. En el pasado ya tuvo un cruce de palabras con el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. La última ofensiva del vicepresidente contra el presidente y su gabinete ministerial está relacionada con el decreto supremo 5503, que declara la emergencia económica en Bolivia y promueve una lista de ajustes económicos, entre ellos la eliminación de la subvención a la gasolina y el diésel. Lara intentó derogar sin éxito la normativa desde el Parlamento que preside, según la Carta Magna. “Paz se ha puesto del lado de los ricos y ha promulgado un decreto que yo llamo del hambre y del desempleo”, aseguró en uno de sus habituales videos de TikTok.
La normativa ha causado malestar social y desde hace diez días se registran marchas de protesta en la sede de Gobierno, en La Paz. Lara las alentó en su mensaje navideño del 25 de diciembre.
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