El Gobierno ratificó este martes en el Consejo de Ministros la primera parte de la reforma de las pensiones. Pero eso no quiere decir que el panorama haya quedado libre de obstáculos. Definir el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que debe mantener el equilibrio del sistema a largo plazo, se presenta ahora como una tarea plagada de espinas que anuncia rifirrafes en el diálogo social.
La fórmula que sustituirá al derogado factor de sostenibilidad —que ajustaba las pensiones en función de la esperanza de vida— enfrenta al Gobierno con patronal y sindicatos. Una de las primeras discrepancias versará sobre el desequilibrio que la llegada a la jubilación de los baby boomers (los nacidos entre 1958 y hasta 1977) provocará en el sistema de pensiones. Seguridad Social quiere aplicar sobre ellos un ajuste individualizado, algo que los sindicatos consideran injusto y poco eficaz.
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Entre los aspectos pactados en el primer capítulo de la reforma destacan el establecimiento del índice de precios de consumo (IPC) como elemento clave para la revalorización de las prestaciones; y la derogación del factor de sostenibilidad que introdujo el PP en 2013. Pero ahora determinar cómo será el MEI que reemplazará a esta fórmula se antoja uno de los escollos principales, según reconocen fuentes del diálogo social. Y a tres meses vista de su conclusión la partida aún no ha empezado.
“Todavía no se ha llevado a cabo ninguna reunión formal, pero eso no significa que no hayan existido contactos”, aseguran fuentes de la Seguridad Social. “Agosto es un mes complicado y ahora se empezará a definir un nuevo calendario de reuniones”, añaden. “Va a ser un asunto espinoso, porque, además, al ministerio de José Luis Escrivá le cuesta moverse”, avanzan en Comisiones Obreras.
Aunque la creación de este nuevo sistema regulador se haya determinado en el primer bloque de la reforma, eso no significa que exista una base de acuerdo sobre su diseño, indican las partes. Lo único que ha quedado definido de antemano es el tiempo con el que cuentan para negociar: hasta el 15 de noviembre. Y que, ante el hipotético escenario de falta de consenso, será el Gobierno quien, de forma unilateral, definirá la composición final de un instrumento que empezará a aplicarse en 2027.
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“Esto de que tengamos muchas cosas que acordar y tiempos distintos para hacerlo nos complica las cosas”, señala Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO. Frente a un escenario todavía virgen, se hace dos preguntas: “¿Qué recursos pretende el Gobierno ahorrar al sistema gracias al MEI? ¿Y de qué manera?”. Si los ajustes deseados fueran de tan solo unas décimas del PIB, no parece motivo suficiente para enturbiar la negociación. Pero si no es así las espadas se situarán en alto. “Si el Gobierno pretende una fórmula como la que apuntaba Escrivá cuando hablaba de retrasar la edad o minorar un poco la pensión inicial, ahí vamos a tener dificultades. Lo saben desde el principio”, advierte Bravo.
Escrivá avanzó en julio que la generación del baby boom debería elegir entre “un ajuste pequeño en su pensión o trabajar un tiempo más” para que la cuantía final no se viera afectada. Esa idea fue rápidamente rechazada por patronal y sindicatos, y poco después el propio ministro aseguró no haberse explicado bien. “Aquello ha añadido algo de ruido a la negociación”, reconoce Bravo. “Además, parece que este ajuste tendría un efecto temporal y no definitivo, por lo que no encajaría en una proyección a largo plazo. Sería algo sumamente injusto, porque esta gente es la que ha estado financiando el sistema estos años durante su etapa activa y ahora que van a jubilarse no van a recibir lo que se merecen”, añade.
Carga excepcional
Sin embargo, aunque el Gobierno ensayara algo parecido a una rectificación, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia centra su atención, en el apartado dedicado a la reforma de las pensiones, en los baby boomers, un nicho que abarca a 7,7 millones de personas que hoy tienen entre 44 y 64 años, cuyas jubilaciones van a suponer “una carga excepcional para el equilibrio del sistema de pensiones”. Los cálculos vaticinan un fuerte aumento del gasto en pensiones hasta cotas cercanas al 16% del PIB, frente al 12% de la actualidad.
Para paliar este desequilibrio se habla de introducir una serie de “indicadores” que liberen “a las generaciones más jóvenes de un ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas”. El texto enviado por el Gobierno a la Comisión Europea recoge que el MEI “tendrá capacidad de operar en los ingresos y los gastos”, y que deberá recibir el visto bueno de la Comisión del Pacto de Toledo.
Para obtener más ingresos, los sindicatos apuntan a otras medidas, como subir las bases máximas de cotización, actualmente definidas en 48.841,20 euros anuales, o 4.070,10 euros al mes. “España es uno de los países con la base máxima más baja del mundo. ¿Por qué no se pone el foco ahí cuando hay un potencial enorme?”, indica Bravo. “Si hay que hacer un esfuerzo, se puede hacer de manera general. Lo que necesitamos ahora mismo es algo más de ingresos de aquí a mitad de siglo, porque luego será algo que se estabilice y desciendan las necesidades”, remarca.
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