Nada está escrito sobre el futuro de la relación entre el Gobierno de España y el de la Generalitat de Cataluña. Sí prevalece la voluntad del Ejecutivo central de que la multiplicidad de diálogos y negociaciones abiertas no se encadenen de forma que unas dependan de otras. Si se rompen, se paran o no hay avance en los encuentros bilaterales sobre el autogobierno de Cataluña —así denominados tanto en el lenguaje de Moncloa y de los socialistas, como en el de los independentistas— las otras líneas abiertas deben mantenerse.
De manera especial, la voluntad del Gobierno es que siga adelante la negociación para los Presupuestos de 2022. Del lado del Ejecutivo catalán no hay a priori una intención de bloquear otras negociaciones sobre “avances sociales”, según distintos dirigentes tanto del partido gobernante Esquerra (ERC) como de su socio, Junts Per Catalunya (JxC).
El presidente del Govern, Pere Aragonès, no oculta que en la reunión de la mesa de diálogo para Cataluña prevista para el día 13 de septiembre, dos días después de la Diada, pondrá sobre el tapete la exigencia de un referéndum de autodeterminación y la amnistía para los condenados por el procés, todos ya indultados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ambas peticiones no son aceptadas por La Moncloa, cuya disposición a dialogar sobre un mayor autogobierno para Cataluña tiene como sustento la Constitución.
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La prioridad del Gobierno son los Presupuestos para el 2022 y a su aprobación se va a entregar en este último trimestre del año. Ese empeño tendrá necesariamente que convivir con otras negociaciones como el reparto y la gestión de los fondos europeos con todas las comunidades autónomas, el comienzo de la discusión para un nuevo modelo de financiación autonómica y la continuación de los trabajos de la comisión mixta Gobierno-Generalitat que arrancó este lunes.
La mesa de diálogo para Cataluña se reestrenará el próximo 13 de septiembre, ya que su creación se remonta al periodo posterior de las elecciones de 2020, con Quim Torra como presidente de la Generalitat. Entonces solo se celebró una jornada inaugural, por lo que el encuentro de septiembre —con ERC en la presidencia y no JxC, el partido del expresidente huido de la justicia Carles Puigdemont— será la primera ocasión en que de verdad se entre en materia.
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Para reforzar esa posición, el Govern ha impulsado un “acuerdo nacional” con el objetivo de “recuperar la unidad que se tuvo en el referéndum del 1 de octubre” de 2017, según Aragonès. En qué consistirá ese acuerdo, si se tratará de un documento, o bien una acción concreta no lo quiso desvelar más allá de que sus ejes serán la amnistía y la autodeterminación, pero buscando una “solución al conflicto”. E incidió: “Buscamos la máxima fuerza que va más allá del 52% del voto independentista de las elecciones autonómicas y eso no es cosa solo de los partidos, sino también de entidades, organizaciones y del conjunto de la sociedad”.
Ante el reinicio de septiembre, el ejecutivo de Aragonès quiere lanzar dos mensajes: sea cuál sea la respuesta del Gobierno de Sánchez a las exigencias en la mesa de diálogo, la parte catalana no se levantará de la negociación; y en segundo lugar, no quieren que se mezclen los avances o concreciones que se puedan conseguir en la comisión bilateral con la búsqueda de una salida al conflicto político. El objetivo es evitar interferencias. “Tiene que quedar claro que los avances en traspasos no serán moneda de cambio de nada”, subrayó este martes Aragonés. Y juzgó “insuficientes” los resultados de la comisión bilateral del lunes, aunque se mostró moderadamente optimista.
Aislar los desacuerdos
En esas circunstancias, no solo el Gobierno central quiere aislar la mesa política del resto de las negociaciones abiertas y por abrir. Interlocutores tanto de ERC como de JxC también apuntan que van a defender lo que creen que es suyo, en relación con traspasos y competencias. Desde la óptica del ejecutivo catalán, en esas negociaciones el Gobierno de Sánchez tendrá la oportunidad de demostrar si “realmente” tienen voluntad de avanzar en traspasos y en descentralización de fondos.
Este contexto anima al Ejecutivo de Sánchez a pensar que la negociación sobre presupuestos, dura y correosa, puede culminar con el apoyo en el Congreso de ERC y JxC. Los interlocutores gubernamentales recalcan la incomprensión que produciría en Cataluña la negativa de estos partidos a negociar las cuentas del Estado para 2021. Aún no hay un pronunciamiento oficial pero en los entornos independentistas reconocen que no obstruirán la aprobación de unas cuentas que supongan “avances sociales”.
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Para que el diálogo sobre los Presupuestos empiece y no se interrumpa, el Gobierno está dispuesto a encapsular los desacuerdos sobre pretensiones soberanistas. Tanto la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez en Moncloa, como el presidente del Gobierno, después en los jardines del Palacio de Marivent, en Mallorca, donde se reunió con el Rey, enfatizaban sobre la dedicación exhaustiva del gobierno a sacar unos Presupuestos “expansivos, de inversión y de recuperación”.
Si hay que mirar a otro lado, se mira, como ambos hicieron ayer al ser preguntados por las críticas de la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra (Unidas Podemos), al rey emérito Juan Carlos.
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